La noche antes del Título III
Antes de la histórica petición del Título III de la Ley federal PROMESA, Puerto Rico y sus acreedores intercambiaron al menos cinco ofertas y contraofertas y ninguna se completó.
Según tres fuentes separadas de El Nuevo Día, una de las ofertas que permaneció viva hasta el final fue hecha por el grupo organizado de Obligaciones Generales (Ad Hoc-GO) el que mantuvo conversaciones con el Gobierno hasta la madrugada del 3 de mayo, horas antes de que Ricardo Rosselló Nevares anunciara el inicio del Título III para la Isla.
La oferta infructuosa del grupo GO, según las fuentes, habría sentado las bases para un acuerdo de indulgencia y el retiro de la demanda de Aurelius Investments y otros fondos.
La razón para el fracaso de las negociaciones voluntarias, es decir, bajo el Título VI de PROMESA, se encuentra en la renuencia de la JSF a aceptar cambios al Plan Fiscal y a cualquier propuesta que no fuera cónsona con el servicio a la deuda propuesto, según el Plan Fiscal certificado del pasado 13 de marzo.
Puerto Rico se convirtió la semana pasada en el primer gobierno estatal y territorial en la historia estadounidense en entrar en un proceso similar al de bancarrota municipal. La petición del Gobierno central junto a aquella para la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) que se radicó el viernes, colocan el caso de Puerto Rico como el más grande en la historia estadounidense.
Movida inevitable. Según las fuentes, que pidieron anonimato por conocer las negociaciones, la radicación del Título III era inevitable porque el ente federal no fue ágil en promover las negociaciones entre las partes.
Empero, las fuentes dijeron que el proceso que ahora comienza tras la designación de la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain, no habría sido tan contencioso como ahora parece ser.
El freno de la Junta. “La Junta se opuso a todo, forzó el Plan Fiscal, rechazó hacer cambios a ese plan, denegó todas las ofertas que se hicieron y ahora también forzó al Gobierno a radicar el Título III”, dijo una de las fuentes.
Las fuentes aseguran que aunque se dio la impresión de que entre el 13 y 28 de abril pasados se dieron dos semanas de conversaciones, en realidad, durante ese período apenas se dieron unas tres reuniones con el mediador, el exjuez Allan L. Gropper.
El Nuevo Día preguntó a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y a la JSF, cuántas reuniones entre las partes se dieron y cuántos grupos de acreedores participaron del...
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