Nueva ofensiva de Martínez y Bravo
Por Limarys Suárez Torres
lsuarez1@elnuevodia.com
Entre los asuntos que evalúa Besosa como parte de las mociones de absolución está si como parte del cargo de soborno el gobierno probó si el negocio, transacción o serie de transacciones entre Martínez y Bravo involucraron un bien de valor de $ 5,000 o más.
Durante el juicio, la fiscalía puntualizó que Martínez obtuvo de parte de Bravo bienes de valor a cambio de impulsar el proyecto 471 que enmendaba la Ley de Detectives Privados para establecer como requisito el que el principal ejecutivo de una compañía de seguridad en operaciones tuviera licencia de detective.
Ese cambio, según destacó entonces el fiscal de la División de Integridad Pública en Washington Peter Koski, beneficiaría a Bravo, porque en ese momento, era el único propietario de una de las compañías de seguridad en el mercado que contaba con la licencia.
No obstante, según la moción presentada el miércoles por los abogados Sonia Torres, Joseph Law y José Pagán, el Apelativo determinó recientemente que la ley original ya establecía la posesión de la licencia como un requisito para poder operar una compañía de seguridad. "La sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico confirma que la Ley 108 (de Detectives Privados) ya obligaba al principal funcionario ejecutivo de una corporación a tener una licencia de detective privado y esto es relevante al asunto de "valor" (que está en consideración) ante la Corte", reza la moción.
Los abogados citan una moción del fiscal Koski con fecha del 21 de marzo de 2011 en la que sostiene que "las cosas de valor (entre Bravo y Martínez) fueron los proyectos de ley en sí y el beneficio que estos le traerían a Bravo. Si se aprobaban esos proyectos, hubiese requerido que todos los jefes de todas las empresas de seguridad privada tuviesen licencia (de detective privado)".
Para entonces, Néstor Medina, principal oficial ejecutivo de Loomis Fargo, que era la competencia de Ranger, carecía de una licencia de detective privado y operaba su negocio con la licencia de uno de sus choferes de camiones blindados, Otilio Martínez.
El pasado 30 de junio, el Apelativo confirmó el dictamen del 27 de enero de 2010 emitido por la juez de Tribunal de San Juan, Olivette Sagebien Raffo, que sostuvo que Loomis violó la Ley de Detectives Privados al renovar su licencia de agencia de seguridad a través del chófer de camiones blindados Otilio Martínez, en vez de su principal funcionario ejecutivo Néstor Medina, que...
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