Nueva pugna por permisos en Rincón

Un proyecto de apartamentos en Rincón, cuyo permiso original de construcción fue anulado por fraude y que tenía una orden judicial de demolición, logró una nueva autorización enmendada de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) para la "legalización de las obras", reavivando críticas sobre fallas o lagunas en los trámites de obtención y cuestionamientos sobre cuánto se respetan las decisiones de los tribunales.Tanto el permiso original como el nuevo de Oasis Too Apartments se obtuvieron mediante el mecanismo de certificación, en el que la OGPe toma por buena y correcta la información que someten los desarrolladores. Como no hay intervención humana, si el sistema computarizado de la agencia determina que los datos cumplen con lo reglamentado, el permiso se expide de forma automática.En este caso, la OGPe emitió, en 2016, el permiso original basándose en los datos que proveyó el ingeniero proyectista Walter Cardona, quien fue contratado por el dueño de la obra, Andrew Gasparro. En noviembre de 2018, la Asociación Vecinal del Barrio Puntas -donde sigue en pie el complejo- impugnó el permiso y, tres meses después, el juez superior Abid Quiñones, del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla, falló a su favor, al determinar que Cardona y Gasparro suministraron información incorrecta o falsa e incurrieron en dolo y engaño para obtenerlo.Según la sentencia, lo que se estaba construyendo no se ajustaba a los planos, que nunca fueron enmendados. Además de declarar nulo el permiso, el juez ordenó la demolición de la obra en seis meses.El Tribunal de Apelaciones validó la decisión de Quiñones, mientras que el Tribunal Supremo no acogió el caso, por lo que la sentencia inicial advino final y firme en diciembre de 2020.Aun así, tan reciente como el pasado 11 de marzo, la OGPe emitió el permiso nuevo, refiriéndose a una solicitud de mayo de 2019 y dejándose llevar por la información que dio el ingeniero Alexis Rosado, también contratado por Gasparro. Se autorizó construir 10 apartamentos, de entre una y cuatro habitaciones.La Asociación Vecinal del Barrio Puntas, representada por el abogado Miguel Sarriera, ya impugnó el permiso nuevo, por entender que es "incompatible e irreconciliable" con la sentencia de Quiñones. Anteayer, un oficial examinador de la OGPe celebró una vista administrativa."Nosotros le damos la opción""Le llaman legalización, pero el término correcto es conformar con el reglamento. Una cosa es que el tribunal ordene una demolición y...

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