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Nuevo ataque a la reforma de Retiro

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Por Joanisabel González

joanisabel.gonzalez@elnuevodia.com

El grupo de demandantes, entre los que figuran el subcontralor de Puerto Rico, la directora de Asuntos Legales y varios directores de auditoría para agencias y municipios en la OCPR, solicitó al tribunal una sentencia declaratoria y un interdicto preliminar y permanente contra la Ley 3.

Entre otras cosas, el estatuto eliminó la pensión por mérito y modificó la fórmula para calcular el retiro de miles de servidores públicos cobijados bajo la Ley 447, que rige a la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR).

La acción legal se ha radicado apenas siete semanas antes de que entren en vigor las nuevas fórmulas para el cálculo de las pensiones, que aumentan la aportación monetaria que tendrán que hacer los trabajadores.

El litigio sale a la luz pública justo en momentos en que el presidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Javier D. Ferrer, y la secretaria del Departamento de Hacienda, Melba Acosta, llevan a cabo diversas reuniones con las casas acreditadoras en Nueva York, precisamente para discutir el alcance de la reforma de la Administración de los Sistema de Retiro, convertida en ley el pasado 4 de abril.

Modificar los planes de retiro del Gobierno es uno de los factores esenciales que Moody's Investors Service, Standard y Poor's y Fitch Ratings han identificado como condición para no degradar el crédito de la Isla a nivel especulativo o chatarra.

Ayer, Ferrer declinó hacer comentarios acerca de la demanda, radicada por las abogadas Judith Berkan y Mary Jo Méndez.

En tanto, la jueza superior Giselle Romero García citó a una vista para examinar los méritos del pedido de interdicto el próximo 23 de mayo. El Gobierno debe presentar su posición en el caso no más tarde del 21 de mayo, agrega la orden.

Por su parte, Federico Torres Montalvo, principal voz de la Central Puertorriqueña de Trabajadores, señaló a este diario que el sindicato pondera radicar un recurso similar en las próximas semanas.

De acuerdo con la demanda de los empleados de la OCPR, la Ley 3 "menoscaba" el derecho de los demandantes a acogerse al plan de retiro, "según prometido por las más de dos décadas de empleo en el servicio público".

Por años, ha sido la propia OCPR la que ha advertido de los problemas de...

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