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Opuestos a eliminar la Ley 80

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Vincent

Los reparos de la mayoría legislativa novoprogresista para derogar la Ley de Despido Injustificado (Ley 80-1976) salieron a flote ayer inmediatamente el gobernador Ricardo Rosselló ofreció su Mensaje de Presupuesto.

Incluso, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, no descartó la posibilidad de acudir a los tribunales para defender su postura ya que, hasta el momento, no ha recibido evidencia que sustente la “bonanza económica” que generará eliminar la Ley 80. El argumento chocó con el esbozado por el gobernador durante el mensaje cuando dijo que “nadie debería aspirar a que estas controversias estén sujetas al mandato del tribual federal”.

“Voy a defender mi punto en cualquier foro. En el tribunal inclusive, si fuera necesario. Yo no le voy a enviar un mensaje a nadie de que no voy a defender mi punto en los tribunales. Si me toca defenderlo, lo voy a defender porque es mi responsabilidad con los que me eligieron”, aseveró Rivera Schatz.

Catalogó como “mala” la idea de derogar la Ley 80, que concede beneficios a los trabajadores del sector privado por despidos injustificados. “Quisiera que algún experto, alguna persona entendida en la materia pudiera ubicar a los legisladores de la Cámara y del Senado en la posición de entender que eliminando ese derecho, vamos a prosperar económicamente. Como cuestión lógica, si usted permite que despidan, ese trabajador va a tener que cobrar desempleo, va a necesitar ayuda del gobierno y va a tener un impacto negativo en lo que es el presupuesto y los recursos del gobierno. Así que ojalá nos convenzan de que eso es una buena alternativa”, aseveró. “Lo que es un peligro es complacer caprichos”.

Durante su mensaje, Rosselló emplazó a los legisladores a cumplir con su responsabilidad y no poner “en riesgo” el acuerdo que él negoció con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). Ese pacto incluye, entre otras cosas, un fondo para los municipios, otro para la Universidad de Puerto Rico, no eliminar el bono de Navidad y un alza en el presupuesto para la Oficina del Gobernador, que rondaría el 67%.

La JSF tiene, según la ley Promesa, poder para enmendar el presupuesto, pero no tiene la facultad de aprobar o derogar leyes.

De inmediato, tanto Rivera Schatz como el presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez, dejaron claro que no sienten “ninguna presión”. Además, anticiparon que las asignaciones presupuestarias sufrirán...

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