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Ordena a los fiscales a "mover" al tribunal

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Vincent
A una semana del feminicidio de Linnette Morales Vázquez, el Departamento de Justicia impartió directrices a sus fiscales para la investigación y el procesamiento de casos de violencia de género, una medida que coincide con las críticas al sistema por las fallas en prevenir la tragedia ocurrida en Yauco.
La jefa de los Fiscales de Justicia, Jessika Correa González, explicó que el documento es un resumen de las órdenes que siempre han aplicado al manejo de estos casos. Sin embargo, algo novedoso es que ordena a los fiscales a "mover" al tribunal a que imponga la supervisión electrónica en la etapa de Regla 6 o determinación de causa probable para arresto o citación, "en aquellos casos que lo amerite".
"En cuanto a lo del grillete, estamos aclarando, porque nosotros hemos visto la confusión que ha habido, porque esta ley (99 de 2009) ha sufrido varias enmiendas. Se le aclara al fiscal (…) que hay una entrada en vigor (de una enmienda) el 4 de febrero y que cambian las reglas del juego, para que los fiscales estén conscientes de que esto viene por ahí y estén preparados", indicó Correa González.
La fiscal se refiere a la Ley 89 de 2023, que recoge la enmienda establecida y que dispone que el Programa de Servicios con Antelación al Juicio (PSAJ), "al atender los casos de violencia doméstica, recomiende la utilización de supervisión electrónica de manera obligatoria para los imputados de cualquier delito" bajo la Ley 54.
Empero, la rectificación contempla que "el tribunal tendrá la discreción de acoger o no la recomendación de la imposición de la supervisión electrónica".
La modificación, que entra en vigor la próxima semana, revierte lo dispuesto en el Artículo 2 de la ley vigente, que dispone que "los tribunales vendrán obligados a imponer supervisión electrónica en los casos de incumplimiento a los Artículos 2.8, 3.2, excepto el inciso (d), 3.4 y 3.5″ de la Ley 54".
Dicho estatuto también señala que la supervisión electrónica se impondrá "en caso de reincidencia de la anterior citada ley, irrespectivamente del artículo que se haya incumplido, con o sin recomendación del PSAJ", explicó Correa González.
La jefa de los Fiscales reiteró que esto se incumplió en el caso de Morales Vázquez, pues su feminicida, Wilfredo Santiago Figueroa, reportaba convicciones previas por delitos cobijados por la Ley 54 de 1989.
Sobre la enmienda que entra en vigor el 4 de febrero, Correa Velázquez reconoció que es un retroceso en el procesamiento de estos casos, pues hace más flexible...

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