Pactarán aquí la demanda
Por José A. Delgado
jdelgado@elnuevodia.com
La demanda fue presentada el 21 de diciembre pasado en contra del gobierno de Luis Fortuño, pero se ha estado a la espera del fin de las negociaciones entre la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de Estados Unidos y la administración de Alejandro García Padilla sobre el costo y la forma de implantar los profundos y múltiples cambios que se han identificado como necesarios en la Policía.
Con el acuerdo que se firma el miércoles, los gobiernos de Estados Unidos y Puerto Rico acceden a dejar en pausa la demanda - aunque el tribunal federal de San Juan retiene jurisdicción -, y se acercan a nombrar un monitor, identificado como 'asesor técnico', que supervisará el proceso de la reforma.
El secretario de Justicia de Puerto Rico, Luis Sánchez Betances, evitó hacer comentarios sobre los alcances del acuerdo y la presencia de Holder, adelantada a El Nuevo Día por fuentes cercanas al gobierno del presidente Barack Obama que prefieren que no se les identifique.
La demanda y consecuente exigencia de reforma son el resultado de un devastador informe realizado por la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia y difundido en septiembre de 2011 que pintó un cuadro tétrico de las operaciones de la Policía de Puerto Rico.
El informe denunció en la Policía actos de represión en contra de estudiantes y trabajadores - sobre todo durante el gobierno de Fortuño-, abusos contra comunidades dominicanas, falta de controles y transparencia, así como una amplia cultura de corrupción institucional.
El informe de la investigación, que comenzó en junio de 2008, durante los últimos meses de la administración del exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, le imputó a la Policía uso excesivo de fuerza, atentados contra la libertad de expresión de los ciudadanos, un patrón de conducir registros e incautaciones ilegales, fallas a la hora de atender delitos sexuales y discrimen contra personas de origen dominicano.
Además, la investigó reveló un nivel de corrupción descrito como "asombroso", procedimientos sobre uso de fuerza obsoletos y carentes de estándares modernos, pobre adiestramiento, permisividad hacia la subcultura de violencia entre las unidades de operaciones tácticas, deficiencias en la cadena de supervisión e investigaciones administrativas demasiado lentas.
El informe reveló que entre 2005 y 2010 1,709 agentes de la Policía fueron acusados de delitos como agresiones, agresiones sexuales...
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