Pagamos todos los platos rotos
Por Ricardo Cortés Chico
rcortes@elnuevodia.com
Las compensaciones que se piden en estos pleitos, sumadas, superan los $1,600 millones.
Sólo para ilustrar el asunto, con los $75 millones que el gobierno desembolsará este año fiscal para pagar demandas, se podría, por ejemplo, pagar durante casi tres años las operaciones del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Las reclamaciones en su totalidad, por su parte, representan una cifra equivalente al presupuesto de dos años de la Policía.
"Este es un asunto muy significativo que tenemos identificado como algo que tenemos que mejorar. La asignación para demandas este año es la mayor en los últimos presupuesto. Tenemos que trabajar tanto en el manejo del pago de estas demandas como en la prevención", dijo Carlos Rivas, director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).
Y el contexto económico en que se dan las reclamaciones no puede ser peor con un gobierno al borde de una degradación del crédito a chatarra y un déficit estructural de $2,200 millones que llevó a la reciente imposición de $1,400 millones en nuevos impuestos.
La secretaria auxiliar de lo civil del Departamento de Justicia, Marta Elisa González explicó que actualmente, el gobierno litiga sobre 5,000 casos civiles. La mayoría tienen que ver con confiscaciones y las expropiaciones en las que el estado aparece como demandante.
No obstante, gran parte de los pleitos en los que el gobierno es el demandado, son por violaciones a los derechos civiles o por discrimen político, radicadas usualmente por servidores públicos que son cesanteados o degradados en su puesto, cuando el gobierno es controlado por el partido contrario al suyo.
Este derroche de fondos por discrimen político en el 2011, por ejemplo, llevó al municipio de Adjuntas a tomar un préstamo de $7,071,520 para pagar una demanda contra un grupo de empleados novoprogresistas despedidos en el 1997 por el entonces alcalde Roberto Vera Monroig.
Según Rivas, casos como estos reflejan los problemas de supervisión en el gobierno, el partidismo, y malas decisiones gerenciales, muchas de las cuales pueden evitarse.
Según un listado de litigios civiles contenido en el informe de transición de Justicia, los casos más costosos son los pleitos de clase Morales Feliciano, que obligó una reforma del sistema carcelario y en el que quedan pendientes $150 millones en multas no pagadas por el gobierno, y el de educación especial, recordado por el nombre de la demandante Rosa Lydia Vélez.
En este...
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