Panorama incierto por la reforma contributiva
Tras la firma de la ley de reforma contributiva federal (Tax Cuts and Jobs Act o TCJA) el pasado 22 de diciembre, tanto el gobierno estatal como el sector privado en Puerto Rico se han mostrado preocupados ante la consideración que el estatuto dará una estocada a los esfuerzos de recuperación en la isla.
A este coro de voces se unió recientemente la firma de asesoría económica Estudios Técnicos, la cual brindó ayer impresiones iniciales del nuevo esquema contributivo que pintan un panorama sobrio de las implicaciones de la ley para la ya frágil economía local.
“La TCJA es mucho más que una reforma contributiva”, indicó la firma en un informe breve que envió a sus clientes el pasado jueves. “Es, en efecto, un paso significativo hacia transformar la relación entre el gobierno federal y local, y el cual transfiere las responsabilidades fiscales a este último”.
Gran parte de los retos que Puerto Rico enfrentará como resultado del TCJA es que la ley mantiene la definición actual de la isla como una “jurisdicción extranjera” para propósitos contributivos. Por otro lado, modifica las disposiciones contributivas bajo la cual corporaciones estadounidenses operan en Puerto Rico, y en cuyo contexto se definen como “corporaciones bajo control foráneo” (CFC, en inglés). En la actualidad, las CFC proveen más de un tercio de los ingresos fiscales en la isla, esto a través de la Ley 154 y del pago de otros impuestos.
La preocupación principal respecto a la reforma contributiva federal, indica el informe, tiene que ver con los empleos en el sector de manufactura en la isla, los cuales se han reducido entre 2007 y 2016 a razón de 4% anualmente, o 33,000 empleos en total. De esta cifra, el 42% corresponde al segmento de equipo médico, mientras que el 29.4% cae bajo el segmento de farmacéuticas. “Cualquier pérdida en empleo que resulte del TCJA aceleraría la tendencia”, puntualizó el documento.
Impacto en tres frentes. La otra preocupación mayor sobre el TCJA envuelve el nuevo impuesto de 12.5% que la ley establece sobre la propiedad intelectual –marcas, patentes y desarrollos tecnológicos– de las CFC. El impuesto, el cual impactará mayormente a los sectores de farmacéutica y equipos médicos, depende en gran medida de patentes que fueron desarrolladas en los Estados Unidos. Como Puerto Rico es considerado como una jurisdicción extranjera, las CFC en la isla estarán sujetas al impuesto.
“Probablemente esto no lleve a un éxodo masivo e inmediato de compañías...
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