Paraliza el litigio de nuevas tarifas

Una decisión del Tribunal del Primer Circuito de Apelaciones de Boston ha causado preocupación en los centros de salud primaria - conocidos como los "Centros 330" por los efectos que puedan enfrentar debido a que detuvo la litigación para establecer las nuevas tarifas que el gobierno de Puerto Rico les tiene que pagar por los servicios que ofrecen a pacientes.La decisión de Boston revirtió la orden del juez federal del Distrito de Puerto Rico Gustavo Gelpí, quien había denegado una petición del gobierno de Puerto Rico para que la litigación se detuviera ante el proceso de quiebra al que se acogió bajo el Título III de Promesa.Gelpí había resuelto, en julio de 2018, que la paralización de Promesa no aplicaba en ese caso, por lo que debían continuar con el proceso para establecer las nuevas tarifas que el gobierno tiene que pagarles a los Centros 330 como diferencial para cubrir el costo razonable por la atención médica que ofrecen a miles de pacientes."Nos preocupa muchísimo. Puede quedar en peligro la estabilidad de nuestras operaciones, especialmente en el cuidado de los pacientes", expresó Gloria Amador, presidenta electa de la Asociación de Salud Primaria.Amador, quien también es directora ejecutiva de Salud Integral de la Montaña (SIM), advirtió que de tener que continuar operando bajo las mismas tarifas, en el caso de su entidad, podría causar también incertidumbre con el empleo de muchas personas y, por ende, en la economía del centro de la isla.Destacó que el SIM actualmente emplea a más de 500 profesionales en nueve centros en siete municipios.Mientras, en todo Puerto Rico hay un total de 20 organizaciones sin fines de lucro que operan 96 instalaciones de salud primaria en 58 municipios. Ofrecen servicios primarios y preventivos, como pruebas de cernimiento, servicios de vacunación, nutrición, trabajo social, salud mental, servicios dentales, planificación familiar, laboratorio y farmacia, entre otros.Del promedio estimado de 358,000 personas que atienden en la isla, sobre 41,000 son personas sin ningún seguro médico, pues no cualifican para el plan del gobierno que hoy se conoce como Vital -antes llamado Reforma-...

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