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Contra la pared los jubilados

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Vincent

La directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Natalie Jaresko, admitió ayer que, si el organismo no logra confirmar el Plan de Ajuste (PDA) enmendado o si los jubilados votan en contra del acuerdo suscrito con el Comité Oficial de Retirados (COR), el organismo fiscal retomará su plan para recortar hasta el 10% de todas las pensiones del sector público con un beneficio mínimo mensual de $1,000.Acto seguido, la exministra de Finanzas en Ucrania se mostró esperanzada de que los pensionados y los empleados públicos todavía activos y que participan del Sistema 2000 favorecerán el PDA, pues de todos los grupos de acreedores serán estos los más favorecidos.Tras develarse en la noche del lunes el PDA del gobierno central, Jaresko reiteró que no es factible conseguir la autorización del tribunal para modificar unos $35,000 millones en deudas del gobierno central sin afectar, aunque sea mínimamente, a los pensionados de Puerto Rico.Y, acto seguido, Jaresko destacó que el acuerdo con el COR ofrece garantías y oportunidades de repago que no estarían disponibles en ausencia de la ley federal Promesa, protecciones que, a su juicio, beneficiarían al grupo de acreedores más grande dentro de todo el proceso de reestructuración del gobierno central.El gobernador Pedro Pierluisi opina lo contrario, y ayer reiteró que argumentará, en el tribunal, que recortar las pensiones no es necesario para confirmar la nueva hoja fiscal que tendría el gobierno."Las pensiones están siendo protegidas adecuadamente y financiadas a futuro", indicó Jaresko.De acuerdo con la ejecutiva, al elevar el mínimo de beneficio de pensión mensual de $1,200 a $1,500, unos 118,511 pensionados del sector público no verán recorte alguno.Según el PDA, el plan de la JSF contempla que, en caso de que el pensionado esté sujeto a un recorte, primero se rebajarán o eliminarán el bono de Navidad, el de verano o de medicamentos. Si ese ajuste no fuera suficiente, entonces, se modificaría la paga mensual, pero siempre hasta el límite de 8.5% si fuera el caso.En el agregado, según la JSF, los pensionados recuperarían el 95% de su acreencia, mientras los bonistas recuperarían entre 67% y 77%. En contraste, la mayor parte del recorte que alega la JSF proviene de los suplidores y contratistas del gobierno. A estos, considerados acreedores no asegurados, solo le pagarán alrededor de dos centavos de dólar.Junto al pacto con los bonistas y el acuerdo con Servidores Públicos Unidos (SPU), el...

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