A paso lento la Junta de Supervisión Fiscal
WASHINGTON.- Desde que fueron nombrados hace 10 meses, se han reunido públicamente en siete ocasiones.
Han preparado el plan fiscal del gobierno de Puerto Rico, el de cuatro corporaciones públicas, propuesto duras medidas de austeridad que impactarán particularmente a la Universidad de Puerto Rico (UPR), el recorte de la deuda pública, enviado directamente el presupuesto del próximo año fiscal a la Legislatura y están listos para ordenar una reducción en la jornada laboral de los empleados públicos.
Levantaron asombro al contratar a la exministra de Finanzas de Ucrania Natalie Jaresko como directora ejecutiva a un costo de $625,000.
Lentamente, ordenan el proceso para fiscalizar el día a día de las operaciones del gobierno de Puerto Rico, acentuando el extraordinario poder que obtuvieron bajo la ley PROMESA y el cambio que ese estatuto marcó ahora hace un año en las relaciones entre San Juan y Washington.
Pocas veces han mostrado todas sus cartas, como ha hecho claro el proceso sobre el presupuesto. La información la entregan por cuenta gotas. Y no se reúnen públicamente desde hace tres meses.
Son los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) a cargo de las finanzas públicas de la isla. Ninguna otra junta creada por el Congreso para controlar un gobierno local ha sido tan poderosa.
La ley PROMESA que creó la junta y acabó con el limitado gobierno propio a nivel local, fue firmada por el presidente Barack Obama el 30 de junio de 2016. Cumple un año el viernes.
Los siete miembros con derecho al voto de la JSF –que funcionan a tiempo parcial–, fueron anunciados dos meses después.
Sus nombres son ya parte del alfabeto político de la isla: el empresario de seguros José Carrión III, quien es su presidente; la experta en finanzas Ana Matosantos; el expresidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) Carlos García; el expresidente del BGF y presidente del Federal Home Loan Bank de Nueva York, José Ramón González; el exjuez de quiebras y profesor universitario Arthur González; el experto en sistemas de retiro Andrew Biggs; y el profesor de Derecho Corporativo David Skeel.
Un año después, representantes del Congreso, el gobierno de Puerto Rico, la industria privada y expertos perciben una institución que todavía no funciona con suficiente agilidad ni transparencia.
La junta le costará al erario boricua $60 millones durante el año fiscal 2017-2018.
“Quisiera que la junta se moviera con mayor rapidez”, dijo el presidente del Comité de Recursos...
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