Pendientes al presupuesto del gobierno
La posibilidad de incorporar al presupuesto recomendado para el año fiscal 2018-2019 nuevos recortes o medidas de austeridad que impacten directamente el bolsillo del ciudadano representaría para los municipios reducciones adicionales a sus ya menguados ingresos.
El panorama para los ayuntamientos -al igual que para el aparato gubernamental estatal- es incierto, y ese nivel de inseguridad amenaza con aumentar si la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) establece el nuevo presupuesto, el cual podría incluir recortes de sobre $300 millones, según el gobernador Ricardo Rosselló Nevares.
“Aquí están en riesgo hoy 40 municipios que pueden desaparecer o llevar sus servicios a la mitad de lo que hoy pueden ofrecer y acumulando déficit, no por culpa de los alcaldes, sino por culpa de legislaciones que se aprueban”, sostuvo el alcalde de Isabela, Carlos Delgado Altieri.
La primera fase del plan fiscal incluyó recortes para los municipios ascendentes a $350 millones en las partidas de transferencias estatales.
“Tengo 40% menos de mi presupuesto hoy que hace cinco años, $12.5 millones menos. No hay manera de dar los mismos servicios”, subrayó el alcalde popular.
Planteó preocupación no solo con los nuevos recortes que se anticipan, sino con la aprobación de nueva legislación que impacte los recaudos municipales, así como las discusiones, a su juicio, no ponderadas en temas medulares como el presupuesto.
La eliminación del gravamen entre comercios B2B y la reducción a 7% del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) sobre los alimentos preparados -dos de las medidas incluidas en la reforma contributiva- también le preocupan porque tendrían como consecuencia una merma en los recaudos.
“El detalle es que, cuando la actividad económica se afecta negativamente, se afectan los ingresos del municipio en patentes y arbitrios de construcción. Cada municipio depende de la actividad económica de la ciudad”, dijo el alcalde de Cayey, Rolando Ortiz.
El también presidente de la Asociación de Alcaldes, ente que agrupa a los ejecutivos municipales del Partido Popular Democrático (PPD), reconoció el escenario difícil que rodea a los municipios, pero dijo que no ve cómo se vincula la derogación de la Ley contra el Despido Injustificado (Ley 80-1976) con la permanencia del bono de Navidad y las licencias de vacaciones y enfermedad.
“El gobierno pretende asumir el pago de la mesada de los patronos usando fondos públicos... un acto que va en contra de los principios...
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