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Pensiones: ¿Obligación moral o financiera?

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Gustavo Vélez

La discusión sobre la situación financiera de Puerto Rico sigue más intensa que nunca. Sin embargo, cada día parecen perderse de perspectiva las verdaderas prioridades por la cual se creó la controversial ley conocida como Promesa en junio de 2016. La propia Junta de Supervisión Fiscal (JSF) parece haber perdido el norte de su misión principal, que es propiciar una reestructuración ordenada de la deuda pública y sanear las finanzas públicas del gobierno.

En una obsesión casi enfermiza con la eliminación de la “Ley de Despido Injustificado”, conocida como la Ley 80, la JSF y el gobierno hacen caso omiso hacia uno de los problemas más serios que tiene Puerto Rico en la actualidad, que es la quiebra de los sistemas de pensiones de los empleados públicos. Una pregunta está sobre la mesa y nadie parece tener una contestación; ¿Son las pensiones una obligación moral o financiera?

Como parte de la discusión estéril cotidiana, hemos perdido el norte con respecto a otros temas medulares como lo son la privatización efectiva del sistema energético y la búsqueda de una solución al colapso de los sistemas de las pensiones. Con respecto a este último tema, de lo que estamos hablando es que el problema financiero es más grave que la deuda combinada de los bonos de Obligación General y la deuda de COFINA. Esta misma semana, El Nuevo Día publicó una historia de cómo el deterioro del sistema de pensiones puede agravar la propia estabilidad de las corporaciones públicas y los gobiernos municipales, como parte de un ajuste contable dentro de los estados financieros a publicarse próximamente. La discusión actual también parece ignorar la dimensión social de este problema, toda vez que la vida financiera de miles de personas jubiladas pudiera verse en peligro.

Un problema millonario. De forma combinada, la deficiencia actuarial de los sistemas de pensiones del gobierno central y de los maestros asciende a $56,000 millones (la del gobierno central es de $38,000 millones y la de maestros, $18,000 millones). El gobierno central tiene una población retirada de 125,000 personas que dependen de estas pensiones, más 42,000 maestros jubilados dependientes de su sistema de retiro, para un total de 167,000 jubilados cuya suerte financiera está en la posibilidad de que se encuentre alguna pronta solución a este problema. El sistema de retiro paga anualmente $1,700 millones, mientras que el sistema de retiro de maestros paga beneficios anuales ascendentes a...

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