Pesquisa criminal por tragedia

Por Ricardo Cortés Chico

rcortes@elnuevodia.com

De ser así, según el secretario de Justicia, Guillermo Somoza, los oficiales del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) a cargo del vehículo, Ángel Cruz y Héctor Cruz, podrían enfrentar cargos por homicidio negligente, delitos que conllevan entre seis meses y tres años de cárcel.

Esto es, si no se establece que hubo un grave menosprecio a la seguridad de los sumariados. En tal caso, las penas podrían ir de 3 a 8 años en prisión. "Nuestra investigación es de índole criminal porque murieron ocho personas y puede que sea en una circunstancia negligente", dijo Somoza.

Ayer, los fiscales Ariel Chico y Wilson González comenzaron a recopilar los testimonios de los oficiales correccionales, y varios vecinos del sector Córdova de Arecibo, que intentaron rescatar a los reclusos. Solo tuvieron éxito con dos de los sumariados, los cuales fueron identificados como Jason Santiago López y Carlos Díaz Santiago. Estos también fueron entrevistados ayer por los fiscales.

Según Somoza, también se refirió al menos un vídeo al Instituto de Ciencias Forenses. Este presuntamente contiene parte de los momentos críticos en los que los vecinos intentaban socorrer a los sumariados.

La otra pieza de evidencia que fue inspeccionada por el ICF era el vehículo que quedó atrapado e inundado por las aguas de la crecida, ocasionando la muerte de los ocho reclusos. Anoche se esperaba que terminaran las autopsias a los cuerpos.

El DCR realiza también una investigación administrativa del caso que, según el titular de esta agencia, Jesús González, deberá alcanzar conclusiones preliminares antes de que termine esta semana.

De validarse que hubo negligencia en el incidente, se podría recomendar la expulsión de los oficiales correccionales, indicó González. El secretario de Corrección apuntó que este caso es una excepción a las operaciones usuales de la agencia. Señaló que ambos oficiales tienen unos 20 años de experiencia.

"Personalmente, creo que si nosotros le pedimos a la ciudadanía cuando van a cruzar un río o un cuerpo de agua fuera de su cauce que tomen precauciones y que no lo crucen, imagínese un oficial de custodia que tiene el deber de velar por la vida de esos que custodia. Es más lo que se le debe exigir a un funcionario que a un ciudadano particular", dijo González, quien precisó que costearán los funerales de los confinados.

Algunas versiones del incidente apuntan a que uno de los oficiales se negó a darles...

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