Pesquisa senatorial marca a 16 jueces y exjueces
Por israel rodríguez sánchez
israel.rodriguez@elnuevodia.com
Esa "amplitud" de la pesquisa evidencia falta de foco, usurpa poderes de la Rama Ejecutiva e interviene a destiempo con la Rama Judicial, expresaron dos expertos en investigaciones.
"No hay duda de que la intervención del Senado da la sensación de que van en una expedición de pesca, de que no tienen un norte claro en su pesquisa", afirmó ayer el exsecretario de Justicia, Héctor Rivera Cruz.
El investigador senatorial que destapó en 1983 los asesinatos en el Cerro Maravilla, en Villalba, dijo que con la actual pesquisa contra la Rama Judicial "están buscando papeles o informaciones para justificar de alguna manera la validez de su investigación. No han sido juiciosos en el uso de ese poder legislativo".
La Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) tiene hasta hoy para entregar a la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos de la Judicatura del Senado copia de toda directriz para asignar escoltas y vehículos oficiales a los 16 jueces del Supremo y sus familiares que los han recibido desde 1997.
Además, la OAT debe entregar esa misma información sobre la directora administrativa de los Tribunales, Sonia Ivette Vélez Colón, el juez administrador del Tribunal de Apelaciones y los jueces administradores de las regiones judiciales y sus respectivos familiares.
Rivera Cruz expresó que no han trascendido públicamente datos que justifiquen esta investigación senatorial sobre la Rama Judicial. "El poder de la Legislatura es amplio, es fuerte. Cuando yo estuve en la investigación del Cerro Maravilla tuvimos que hacer valer ese poder para enfrentarnos a la Rama Ejecutiva. Pero ese poder tiene que usarse con mucho cuidado", advirtió.
El caso Maravilla involucró asesinatos cometidos por policías. El Senado intervino ante la corrupción de las pesquisas del Departamento de Justicia.
La actual investigación senatorial se basa en una querella sobre el uso de la escolta asignada al juez presidente del Supremo, Federico Hernández Denton, que fue radicada por el alguacil Alejandro Oyola Pérez, quien tuvo problemas con la justicia.
El exfiscal federal Osvaldo Carlo declaró que el Tribunal Supremo de Estados Unidos determinó que investigaciones sobre violaciones por parte de jueces deben referirse a la Rama Ejecutiva, en este caso al Departamento de Justicia, bajo el principio de que nadie está por encima de la ley.
"Lo que debería estar pasando es que la investigación del Departamento de Justicia...
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