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Los vientos del huracán María no tan solo causaron daños físicos a través de toda la isla, sino que alteraron el curso y progreso de uno de los proyectos más importantes del país, la Reforma de Salud.
Justo en septiembre, cuando Puerto Rico fue embestido por dos huracanes, Irma y María, el gobierno tenía previsto lanzar la Solicitud de Propuestas (RFP, por sus siglas en inglés) para las entidades interesadas en formar parte del nuevo modelo de salud. En los tres meses subsiguientes -octubre a diciembre- debía extenderse el término para la evaluación y adjudicación del RFP de lo que comprenderá la nueva Reforma de Salud.
Pero, con el atraso provocado por los huracanes, será en febrero del próximo año cuando el gobierno emita el RFP, y ocho meses después, en octubre de 2018, arrancará el renovado Plan de Salud del Gobierno (PSG).
“Queremos que nos dé tiempo de desarrollar los documentos (necesarios) y de recoger las recomendaciones de todos los sectores (de salud) sobre el nuevo modelo”, anunció Ángela Ávila, directora de la Administración de Seguros de Salud (ASES).
Dentro de todo este andamiaje aún queda pendiente la fuente de financiamiento de la Reforma porque, aunque la Cámara de Representantes federal aprobó un proyecto que le asigna unos $1,000 millones adicionales al programa local Medicaid, aún falta la ratificación del Senado federal, cuerpo que todavía no ha debatido los fondos ligados al Seguro de Salud federal para Niños (CHIP, por sus siglas en inglés) y que se encuentra en la discusión de otros temas, como la reforma contributiva y el presupuesto del gobierno federal.
Esto pone en relieve el precipicio fiscal que algunos estiman que podría ocurrir en abril del próximo año y poner en peligro el futuro de la Reforma.
Pendiente al congreso
En entrevista con El Nuevo Día, Ávila admitió que el gobierno está pendiente a la determinación que tomará el Congreso sobre la asignación de $1,000 millones que podría recibir el programa Medicaid de Puerto Rico. Estos fondos están incluidos en el proyecto 3922 de la Cámara federal, que reautoriza por cinco años el CHIP, programa que suele asignar unos $172 millones anuales a la isla. Los fondos Medicaid y las asignaciones del CHIP son los que el gobierno local utiliza como financiamiento federal para el PSG.
La comisionada residente, Jenniffer González, ha manifestado que esta asignación adicional ayuda pero resulta incompleta dentro del camino hacia “una solución permanente y equitativa a las...
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