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Piden pagos menores en la deuda para financiar retiro

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Vincent

Mientras la administración de Wanda Vázquez Garced se declaraba en rebeldía e insistía en implantar tres nuevas leyes que conceden beneficios de retiro a los jubilados y a los empleados activos del gobierno, la mayoría de los candidatos a la gobernación le exigían a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que permita un repago menor de la deuda pública para que sobren fondos que solventen las pensiones.El lunes, la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, indicó que estas tres leyes implicarían un golpe al fisco de $8,300 millones en los próximos 30 años y advirtió que si proceden con la implantación de las medidas tendrán que recortar otros gastos del gobierno y, posiblemente, despedir empleados públicos.El alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, daba ayer testimonio de los tropiezos económicos que implicarían la implantación del estatuto. Dijo que en el análisis preliminar una de las medidas, la ley 80, que establece una ventana de retiro temprano para los empleados públicos, podría restarle al ayuntamiento unos 250 empleados, lo equivalente a un 12%."La ley no me permite sustituir a los empleados que se vayan. ¿Cómo entonces voy a garantizar los servicios básicos a la ciudadanía? Tendríamos también que pagarle las liquidaciones de enfermedad, las vacaciones regulares y mandarlos a las casas con el 50% del sueldo, más $100 mensuales adicionales de plan médico hasta que cumplan 62 años. Si me dejan sustituirlo tendría que pagar un salario nuevo, digamos que de $1,850, mientras le sigo pagando al que se retiró $850 al mes. Al final esto va a aumentar la nómina, no va a bajarla", dijo el alcalde, quien recordó los pleitos de la Ley 29, que aliviaba las aportaciones de los municipios al retiro y al programa Vital y que fue invalidada por la JSF.La gobernadora no abordó ayer las críticas que han tenido las medidas. Afirmó que, a pesar de las advertencias de la JSF, su administración no aceptará el despido de ningún empleado público y seguirá adelante con la implementación de las leyes 80, 81 y 82 que, entre otras cosas, buscan hacerles justicia a los retirados del servicio público."Vamos a continuar defendiendo a los retirados y no habrá suspensión ni despidos de empleados públicos. Eso deberá ser así, esa es mi posición y estoy completamente segura de que será la posición del gobierno de Puerto Rico en todo momento", puntualizó Vázquez Garced. Matizó afirmando que se mantendrá en comunicación con el organismo fiscal y que ellos son...

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