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Piden a Swain anular la Reforma Laboral

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Vincent

Una decena de organizaciones empresariales ha solicitado a la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain ser parte en el litigio en torno a la validez de la Ley 41 de 2022 -conocida como la Reforma Laboral- por entender que la información que ofrecerán al tribunal servirá para demostrar los múltiples impactos adversos que la ley tendrá en las condiciones de empleo en Puerto Rico.En el recurso radicado por los abogados Jorge L. Capó Matos y Raymond E. Morales, las organizaciones empresariales indicaron a Swain que, más allá de los aspectos procesales que dieron paso a la Ley 41, el estatuto en controversia tendrá "efectos negativos" en los negocios que operan en Puerto Rico."Al aumentar los costes, incertidumbres y riesgos asociados con crear nuevos empleos y contratar nuevos empleados, es evidente que la Ley 41 solo puede desalentar la contratación de nuevos empleados por parte de los patronos y expandir sus negocios. Más aún, los aumentos obligatorios en beneficios marginales (licencia de vacaciones y bono de Navidad) para los empleados contratados después del 26 de enero de 2017 impone costes laborales adicionales en los patronos y razonablemente, puede esperarse que esto afecte los niveles de empleo", reza el recurso del grupo de organizaciones empresariales.El reclamo a Swain está suscrito por la Asociación de Comercio al Detal (Acdet), la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (Asore), la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), la Asociación de Hoteles y Turismo (PRHTA, en inglés), la Asociación de Hospitales de Puerto Rico (AHPR),la Asociación de Distribuidores y Concesionarios de Puerto Rico, la Asociación Hecho en Puerto Rico, la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR), la Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR) y la Asociación de Constructores de Puerto Rico.El pasado 1 de septiembre, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) acudió al tribunal para solicitar la anulación de la Ley 41 de 2022 porque, entre otras cosas, el estatuto sería contrario al plan fiscal certificado del gobierno. La JSF entiende que modificar las condiciones de empleo en Puerto Rico incidirá en la actividad económica y ello, a su vez, afectará los recaudos al fisco, dando al traste con los esfuerzos de saneamiento fiscal que impulsa el organismo.El litigio incoado contra la administración de Pedro Pierluisi Urrutia es el primero donde el organismo...

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