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Un plan de ajuste arropado por la duda

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Vincent

Si la jueza Laura Taylor Swain confirma el Plan de Ajuste (PDA) enmendado del gobierno central, Puerto Rico podría ahorrarse aproximadamente 43% del principal que debía antes de la ley federal Promesa y que contaba con el respaldo de la Constitución, pero a menos que la economía se transforme, no habrá forma de cumplir con la deuda que quede pendiente, honrar las pensiones, asegurar los servicios públicos y a su vez, promover la inversión e innovación que se necesita.En entrevista con Negocios, entendidos en finanzas públicas reconocieron aciertos en las negociaciones entre los bonistas y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), organismo que en cuestión de 12 días, presentará una versión revisada del PDA. Ello, tras confirmar el pasado miércoles que se mantiene en pie un entendido con los bonistas de la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR) para también modificar esa deuda.Sin embargo, los entrevistados coincidieron en que una vez Puerto Rico pacte definitivamente con los bonistas, el gobierno tendrá poco margen de maniobra y tendrá limitaciones para financiar la infraestructura de la isla más allá de los fondos federales que se avecinan.Mientras, los entrevistados reafirmaron sus dudas en torno a la efectividad de las reformas estructurales que exige la JSF y que son la zapata del PDA.El plan en la mesaPara la JSF, Puerto Rico no pudo haber conseguido mejor acuerdo.En palabras de la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, el PDA es asequible, da certeza a las pensiones y los servicios gubernamentales, restituye ciertos beneficios a empleados públicos como los ahorros bajo el Sistema 2000, así como la posibilidad de compartir los beneficios de una economía en recuperación.El pasado viernes, luego de la vigésimo sexta reunión pública de la JSF, Jaresko sostuvo que el organismo ha conseguido más adeptos al plan -que a principios de mes ya rondaba 70%- y que continúan en negociaciones con las aseguradoras municipales bajo el proceso de mediación.Cuando la crisis fiscal se hizo evidente en el 2015, la solución que impulsaban diversos sectores en Puerto Rico se centraba en anular la deuda con los bonistas.Pero el mecanismo de reestructuración provisto en Promesa, parecido a un proceso de bancarrota, abrió la puerta para que el gobierno también modificara las pensiones del sector público y las deudas por pagar con suplidores y contratistas, las sentencias de individuos contra el estado y diversidad de contratos.Utilizando esa...

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