Un plan que descansa en la promesa de reformas

La etapa de presentación de evidencia en torno al Plan de Ajuste (PDA) del gobierno central culminó ayer con varios testimonios que aseguran que la modificación de deudas y los acuerdos pactados por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) podrán pagarse solo si el gobierno continúa con el plan de recortes presupuestarios requerido y una plétora de reformas, algunas de las cuales, incluso, han sido puestas en entredicho.De igual forma, el cuarto día de las vistas de confirmación del PDA culminó con la presentación de un informe del Comité Oficial de Retirados (COR) que revela el impacto que la congelación de beneficios de pensión tendrá para los empleados públicos una vez se jubilen y en consecuencia para la economía de la isla.La sesión de ayer, la última que la jueza Laura Taylor Swain presidió desde el tribunal federal en Hato Rey, transcurrió relativamente rápido, con el desfile de unos seis testigos de la JSF en un lapso de poco más de cuatro horas y con el único interrogatorio del bonista individual Peter C. Hein a cuatro de estos.La sesión, sin embargo, estuvo atiborrada de referencias técnicas. Entre éstas, por ejemplo, el número de bonos que recibirá un bonista a cambio de entregar los que posee o el beneficio ulterior que recibirían los bonistas del gobierno central si el Servicio de Rentas Internas federal (IRS, en inglés) acoge el pedido de la JSF para que todos los que posean la deuda reestructurada del territorio estadounidense no paguen un centavo de impuestos, incluyendo los pagos que puedan recibirse del Instrumento de Valor Contingente (CVI, en inglés).El CVI es una especie de certificado que se dará a los bonistas y que establece que cuando los recaudos de ciertos impuestos como el Impuesto a la Venta y Uso (IVU) o los arbitrios del ron excedan las proyecciones, estos recibirán una tajada de los ingresos recibidos por encima de las proyecciones certificadas para el año fiscal 2020.Justo después de las 9:30 a.m., el abogado de la JSF y socio de Proskauer Rose, Martin Bienenstock, solicitó a Swain admitir el informe del macroeconomista Andrew Wolfe.Se trata de un extenso reporte en el cual, Wolfe asegura que si Puerto Rico adopta las controversiales reformas estructurales que la JSF lleva impulsando por los pasados cinco años, el gobierno del territorio estadounidense podrá generar unos $30,000 millones en ingresos adicionales, dinero que permitiría cumplir con todas las deudas a modificarse con el Plan de Ajuste (PDA).En esa...

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