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Un plan sin futuro sostenible

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Vincent

Un nuevo Plan Fiscal fue certificado ayer en medio de denuncias y expresiones de frustración por parte de los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) por la presunta falta de voluntad política en la administración de Ricardo Rosselló y su Legislatura para tomar decisiones que pongan la economía en terreno positivo.Se trata de un plan que, en los próximos cinco años, contempla la histórica inversión de unos $69,000 millones en fondos federales, dinero que llegaría a la isla como secuela del huracán María. Dicha inyección contribuiría a que, por primera vez en casi 20 años, el presupuesto del gobierno central no tenga déficit, cuando se excluye el pago de la deuda pública.Asimismo, sería la primera vez en más de una década que Puerto Rico vería cuatro años de crecimiento económico consecutivos. Luego de caer sobre 8% el pasado año fiscal, el documento certificado ayer indica que, a partir del año fiscal en curso, el producto bruto registraría un desempeño anual de 7.8%, avance que recuerda la pujanza de economías como India y, hace solo unos años, China. El ímpetu económico atado al huracán María se extendería más allá de las elecciones del 2020, es decir, por otros dos años hasta el 2022, cuando el producto bruto rondaría 2.5%.Para Rosselló y su equipo fiscal, los augurios económicos son tan favorables en los años venideros, que la magnitud de los recortes en el gasto público que pide la JSF son innecesarios.Por ello, durante la decimoquinta reunión pública de la JSF, el representante del gobernador ante el ente federal, Christian Sobrino Vega, rechazó la movida y anticipó que acudirán nuevamente al organismo fiscal para abogar por más cambios al presupuesto vigente.Frustración a la vista"Francamente, no me gusta este plan. Creo que a ninguno de nosotros nos gusta", afirmó Ana Matosantos, miembro de la JSF, cuando explicó su voto a favor del documento.Según Matosantos, el plan certificado ayer terminará por debilitar los servicios básicos a la población. El comentario de Matosantos parecía ser refrendado por su homólogo en la JSF, Andrew Biggs. Este advirtió que los políticos locales estaban "negándoles" a los puertorriqueños un futuro de prosperidad.El juez retirado Arthur González, quien ha participado en cientos de casos de insolvencia corporativa, coincidió al comparar la situación de Puerto Rico con el pedido reciente de bancarrota de la tienda Sears."Sears podría cerrar cuantas tiendas pueda, pero si no puede competir en el...

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