Con poder para subir tarifas
Justo en medio de las 88 páginas de la Ley 26 de Cumplimiento con el Plan Fiscal, hay una serie de disposiciones que le proveen al gobierno central la capacidad para aumentar tarifas, como las que se cobran por el agua potable y la electricidad, y le dan la autoridad de transferir el dinero que generen estas alzas al Fondo General.
También podrían ocurrir aumentos similares con aquellos impuestos que financian las operaciones de las corporaciones públicas, como sucede con la Autoridad de Carreteras y Transportación, y el tributo sobre los productos derivados del petróleo, popularmente conocido como la “crudita”.
Estos aumentos y las subsecuentes transferencias de dinero al gobierno central buscan mejorar los balances del Fondo General de modo que se pueda cumplir con los ingresos estimados en el Plan Fiscal que rondan los $9,300 millones para el año fiscal 2018.
Dicho de otro modo: la Ley 26 otorgó a la administración de Ricardo Rosselló Nevares la capacidad de decretar aumentos en los impuestos o alzas en los importes, como los que se cobran en los peajes en manos del estado, no para resolver los problemas fiscales de las corporaciones públicas, sino para cuadrar la chequera del gobierno central.
El poder de aumentos contributivos y tarifas en las corporaciones públicas está concentrado en un comité compuesto por el secretario de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier; el jefe de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), José Iván Marrero, y el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Gerardo Portela.
“Se faculta a este Comité a revisar las fuentes de ingresos de las corporaciones públicas, agencias e instrumentalidades, y ajustar, aumentar o disminuir, cualquier cargo, derecho, tarifa, arancel, honorario, prima o cualquier ingreso de similar naturaleza, con el fin de cumplir con las métricas dispuestas en el Plan Fiscal del Gobierno de Puerto Rico”, manifiesta el estatuto en el artículo 4.02.
Poco antes de ese artículo, el texto de la ley faculta al comité para ordenar la transferencia al Fondo General de partidas sobrantes en los presupuestos de las corporaciones públicas.
Elías Sánchez Sifonte, representante del gobernador ante la JSF, afirmó que la intención con la medida es agilizar el proceso para cumplir con las métricas establecidas en el Plan Fiscal. Indicó que las acciones que tome el Comité no pueden ir en contra de este documento fiscal, ni los preparados específicamente para algunas...
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