Polémico el encierro
Por Osman Pérez Méndez
osman.perez@gfrmedia.com
Para dos especialistas de la conducta, lo que está claro es que el encierro de las dos menores involucradas en una golpiza propinada a una condiscípula en una escuela de Ponce demuestra que las políticas públicas siguen siendo reactivas y no preventivas.
Luego que se difundieran en Internet las imágenes donde una jovencita le da una paliza a otra que a duras penas intenta protegerse, mientras una tercera graba todo en vídeo y no para de alentar a la atacante, las dos agresoras fueron llevadas ante un juez y, a pesar de que se les radicaron faltas de agresión simple -a una de ellas en la modalidad de cooperadora- que es un delito menos grave, se determinó internarlas en una institución juvenil.
"Como ha generado tanta indignación pública, se habían registrado amenazas contra ellas, la agresora y la incitadora", explicó ayer Miguel Pereira, portavoz del Departamento de Justicia (DJ), declinando dar más detalles por tratarse de un caso de menores al que se le garantiza confidencialidad.
"No es lo normal. Se da vía excepción", admitió el secretario auxiliar de Menores y Familia del DJ, Marcos Algarín Echandi, explicando que la reclusión en casos como este tiene que ser por motivos de seguridad del menor, de seguridad de la víctima, de seguridad pública, por el tipo de falta que se cometa, o en ausencia de una persona adulta responsable que pueda garantizar la comparecencia del menor o el cumplimiento de las condiciones impuestas por la corte.
Sin embargo, el presidente del Colegio de Profesionales de Trabajo Social, Larry Alicea, consideró que se trata de una medida desproporcionada y se preguntó dónde había estado el Estado y qué medidas había tomado para evitar que se llegara a este punto.
"Es la medida más fácil contra unas adolescentes que han sido ignoradas por el Estado. Es la acción más fácil del Estado, luego de que el problema está dándole en la cara", dijo Alicea, quien fue cauteloso respecto al riesgo de seguridad que habría llevado a la decisión.
"Como trabajador social, no creo que es la medida adecuada, pero no tenemos toda la información que posee la fiscalía", añadió. "Pero hay estudios que muestran que el sistema de reclusión en Puerto Rico no rehabilita. Ahora están metidas en una jaula para menores. Eso no rehabilita".
Alicea condenó el hecho de que el Estado tenía conocimiento de un patrón de violencia de las menores y no le hubiera ofrecido servicios adecuados.
"Eso pasa todos...
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