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LES PONDRÁN CANDADO A 10 CÁRCELES

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Vincent

Para diciembre próximo, el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) tiene que haber completado el cierre de 10 instituciones correccionales para cumplir con el Plan de Optimización de reducción de gastos operacionales que desde el 2020 le impuso la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), confirmó la secretaria de la agencia Ana Escobar Pabón.La agencia trabaja contra el reloj para cumplir con el plan, que se retrasó a causa de los temblores y la pandemia, y que es uno de los factores que se considerarán para dar paso al aumento salarial a oficiales correccionales que se constituye en el Plan Fiscal 2022.El nuevo plan certificado por el ente federal dispone que los oficiales correccionales recibirían unos $3,700 de aumento en el salario promedio. El 10% del alza se reflejaría en julio, pero el restante se vería en julio del 2023 si la agencia termina con el proceso de cierre de cárceles, reduce el personal administrativo y recorta otros $4.5 millones al programa de Salud Correccional.La JSF hizo varias propuestas para dar marcha al Plan de Optimización, siendo la más agresiva que el DCR -que actualmente cuenta con 29 instituciones correccionales y tres centros de tratamiento social donde se atiende una población de 7,208 confinados- operare solo con tres complejos correccionales (Ponce, Guayama y Bayamón)."Esa era la alternativa más drástica y no era opción para nosotros", expresó la funcionaria al destacar que la segunda opción implicaba dejar operando cuatro instituciones (Ponce, Guayama, Bayamón y Mayagüez), la que tampoco fue avalada por el gobierno de Puerto Rico.Finalmente, la alternativa seleccionada y que se incluyó en el Plan Fiscal de 2020 fue una consolidación completa de 10 facilidades, incluyendo algunas que, a pesar de que no tienen población de confinados, son estructuras que se utilizan para operaciones administrativas o de almacén, por lo que no representan ningún ahorro como el que exige la JSF ante el alto endeudamiento público del País.Además, en los últimos años solo se está atendiendo el 57% de la capacidad que tienen las instituciones para albergar confinados, una población que ha disminuido con el tiempo. Para la JSF ese más de 40% de facilidades sin utilizar directamente con la población de reclusos abona más a justificar la consolidación de cárceles en la Isla y a disminuir así los gastos operacionales, pues resulta oneroso pagar servicios de agua, luz, internet, seguridad, entre otros, en unas facilidades en...

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