Ponen sus cartas sobre la mesa
Carmen Haydée Núñez es retirada, y de una porción de sus ingresos dependen sus dos padres, su hijo, su nuera y su nieto.
Los últimos tres perdieron sus propios ingresos al tener que cerrar el negocio que los sustentaba tras el azote del huracán María.
Una reducción en su pensión, como la que impulsa para los jubilados la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), y en un momento dado también propuso el gobierno central, implicaría una nueva complicación que atenta contra la calidad de vida de su familia en medio de la crisis.
“La baja (en ingresos) que proponen es bastante y afecta la calidad de vida y ya veníamos de los recortes que se hicieron desde el 2013”, dijo Núñez, en una entrevista con El Nuevo Día.
Se refería a las reformas a los tres principales sistemas de retiro (maestros, judicatura y empleados del Estado Libre Asociado) que, entre otras cosas, redujeron los beneficios por leyes especiales –como el bono de Navidad y el de medicamentos– a los jubilados. Estos cambios en las leyes bajo la gobernación de Alejandro García Padilla también cambiaron las futuras pensiones para los empleados que estaban activos en el gobierno y los de nueva contratación.
El presidente del Comité Oficial de Retirados en los casos de Título III de la ley Promesa, Miguel Fabre Ramírez, estimó que, como poco, desde el 2013 el gobierno había reducido en $250 millones anuales la nómina de los jubilados. Con el nuevo recorte que propone la JSF, se acumularía una reducción que sobrepasaría los $450 millones anuales.
“Nosotros entendemos que no hace falta un recorte adicional como el que propone la Junta”, dijo Fabre Ramírez.
La JSF ha argumentado, por otro lado, que esta merma es necesaria de cara a un proceso de ajuste de deudas en los pleitos de bancarrota en que todas las partes se supone que contribuyan a la estabilización fiscal de Puerto Rico.
El principio de la propuesta es que todos los acreedores del gobierno, incluidos los jubilados, cuyas pensiones son vistas como deudas no aseguradas, deberían contribuir para aliviar la carga económica del Estado. En el proceso, sin embargo, se dirime quién aportará más y quién aportará menos. Y las consideraciones no siempre están del todo claras.
Por ejemplo, la Constitución de Puerto Rico establece una prioridad de repago que favorece a los bonistas. Por otro lado, la ley Promesa, aprobada por el Congreso de Estados Unidos en el verano de 2016, provee consideraciones especiales para los jubilados del gobierno...
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