Ponen en duda las medidas de ahorro
El gobierno lleva aproximadamente una década recortando sus gastos, particularmente por el lado de la nómina, y lo único que ha logrado es debilitar los servicios a la población, contribuir a los niveles de desempleo que exhibe Puerto Rico y reducir la compensación que reciben los trabajadores, a juicio de varios líderes sindicales.
Ahora, el liderato que representa a la mayor parte de los servidores públicos en Puerto Rico y que lleva años haciendo propuestas para acabar con la crisis fiscal, aseguran que la ley del empleador único, la llamada “externalización” de servicios al sector privado y la reducción de la jornada laboral, como exige la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), es más de lo mismo o tendrá peores consecuencias para la economía que las ya vistas con la Ley 7 de Emergencia Fiscal y la Ley 66 de Sostenibilidad Fiscal.
“El empleador único se plantea como si hubiese un excedente de empleados, cuando lo que ha habido es una reducción de la fuerza laboral pública”, indicó Genoveva Valentín Soto, representante legal de Servidores Públicos Unidos (SPU), haciendo referencia a la ley aprobada este año que permite cambiar a los empleados de una agencia a otra.
“El empleador único es una ley para crear la percepción de que se está haciendo algo, pero son economías en papel”, señaló, por su parte, el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo.
El presidente de la UTIER está tan convencido de la poca efectividad del empleador único que da la razón a la JSF en ese aspecto, a pesar de que rechaza la existencia de ese ente federal y de que el sindicato que dirige retó su constitucionalidad en los tribunales.
Annette González, presidenta de SPU, coincidió con Figueroa Jaramillo, y explicó que, en teoría, la movilidad del empleado es buena, pero, en la práctica, no es siempre factible.
“No puedes poner un bombero que tiene un entrenamiento especial a que atienda llamadas en el 9-1-1”, agregó González al señalar que muchos empleados públicos realizan tareas especializadas y están obligados a cumplir con reglamentaciones específicas que condicionan la asignación de fondos federales.
Según el Plan Fiscal certificado, el empleador único -una de las promesas políticas del gobernador Ricardo Rosselló- debe contribuir a la eliminación de dos terceras partes de las agencias del gobierno y producir $496 millones en ahorros al cabo de tres años fiscales.
Incumplir con las medidas de ahorro...
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