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Por Ricardo Cortés Chico

rcortes@elnuevodia.com

Brasil, México, El Salvador, Honduras, Trinidad y Tobago, Jamaica y Guatemala, son tan solo algunos de los ejemplos Puerto Rico no está muy lejos, con recurrentes activaciones de la Guardia Nacional para atender situaciones policiacas y la más reciente propuesta de limitar el derecho a la fianza a los acusados de asesinato en primer grado.

Según el informe del Estado de los Derechos Humanos Mundial de Amnistía Internacional, del 2011, en Trinidad y Tobago, El Salvador y Guatemala, por ejemplo, la respuesta de sectores gubernamentales ha sido buscar la reinstauración de la pena de muerte.

En Brasil, México, Colombia y El Salvador, entre otros, se militarizaron las intervenciones en los puntos de alta incidencia criminal, en ocasiones, sin proveer capacitación a las fuerzas armadas para salvaguardar los derechos humanos. En Brasil, se estima que 855 personas murieron a manos de las fuerzas armadas o de la policía en intervenciones del gobierno en "actos de resistencia" en el 2010.

Uno de los casos más dramáticos fue en el Caribe. A mediados del 2010, el gobierno de Jamaica reaccionó a la violencia relacionada con pandillas de narcotráfico decretando un estado de emergencia que le dio poderes extraordinarios a las autoridades policiales. El saldo del estado de emergencia fue de 4,000 arrestados y 76 homicidios en enfrentamientos directos. Más de la mitad de las muertes fueron "extrajudiciales". Es decir, muertes a manos de funcionarios gubernamentales sin que mediara un proceso judicial.

Pedro Santiago, director ejecutivo de la sección de Puerto Rico de Amnistía Internacional, indicó que esos enfoques represivos y contra de los derechos humanos son continuaciones de la ideología que está detrás de la llamada "mano dura" que no funcionan.

"En el caso de Puerto Rico ni eliminar la fianza, ni incrementar las medidas punitivas en el Código Penal traerán como consecuencia la reducción de la criminalidad. La criminalidad la reducimos con acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, al trabajo, al deporte y a la cultura. No esperemos descuidar todos estos aspectos y al final mantener el orden basados en mano dura y represión", dijo Santiago.

Según William Ramírez, director ejecutivo del Capítulo de Puerto Rico de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), los países usualmente adoptan este tipo de decisiones...

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