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Se discute el principio de la Cláusula de Privilegios. Nota: Puerto Rico o un estado puede establecer diferencias mínimas en el tratamiento contributivo de ciudadanos de otro estado. La diferencia tiene que estar limitada al recobro del costo administrativo, que acarrea el cobrar la contribución al ciudadano de otro estado; siempre puede haber gastos adicionales.
Hechos: Gilbert J. Postley, ciudadano de los Estados Unidos y ciudadano
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del estado de Nueva York (no residente de Puerto Rico) es dueño de 450 acciones preferidas con derecho a recibir dividendos. A tenor de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos, la sucursal de San Juan del National City Bank de Nueva York, le retuvo, como agente retenedor, la suma de $652.51 que representaba la contribución del 29% impuesta a Postley por la Sec. 12 de la Ley como un no residente que no era ciudadano de Puerto Rico. Postley solicitó el reintegro de la suma de $652.51, por el fundamento de que su cobro infringía la nueva cláusula de privilegios e inmunidades del Art. 2 de la Carta Orgánica. El Tribunal Superior declaró sin lugar la demanda. Postley apela ante el Tribunal Supremo.
Decisión del Tribunal Supremo: Revoca la sentencia que declara sin lugar demanda sobre reintegro de contribución sobre ingresos ilegalmente cobrada, y dicta nueva sentencia instruyendo al tribunal inferior que ordene el reintegro de aquella parte de las cantidades retenidas en el origen y pagadas en exceso del importe de la contribución que el demandante hubiera pagado de habérsele impuesto la contribución sobre la misma base que a un ciudadano residente en Puerto Rico.
Fundamentos legales: El Tribunal discute el comienzo de la cláusula de privilegios e inmunidades. Explica que, desde 1823, la Corte Suprema interpretó la cláusula que se halla en el Artículo IV, Sec. 2 de la Constitución Federal en el sentido de que impide a un estado imponerle contribuciones a ciudadanos de otro estado a un tipo mayor que el impuesto a sus propios ciudadanos. En Travis v. Yale-Towne Mfg. Co., 252 U.S. 60, se resolvió que una contribución impuesta por un estado sobre el ingreso de residentes y no residentes, que concede exenciones a los residentes, con aumentos para individuos casados y por dependientes, pero que no concede exenciones equivalentes a los no residentes, menoscaba los privilegios e inmunidades de los ciudadanos de otros estados, en violación de la Sec. 2 del Artículo IV de la Constitución Federal.
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