El precio de no actuar
Por Joanisabel González
joanisabel.gonzalez@elnuevodia.com
El cuadro financiero en el que se encuentra Puerto Rico, y particularmente la crónica insolvencia de los principales planes de pensiones del Gobierno, parece colocar a la Isla en el mismo sitio que hace cuatro años: otra degradación crediticia y una potencial pérdida de acceso a los mercados de capital.
Ayer, y pese a que la "medicina amarga" de la administración de Luis Fortuño ha sido reconocida ampliamente por la comunidad inversora y las casas acreditadoras, el presidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Juan Carlos Batlle, dejó entrever que a la administración de Alejandro García Padilla no le quedará otra alternativa que estrenarse atendiendo la crítica situación de los planes de pensiones públicos, que son la principal fuente de sustento para sobre 115,732 exempleados públicos y maestros jubilados.
En 60 a 90 días, a lo sumo, García Padilla tendrá que dar una respuesta al déficit actuarial de unos $ 33,113 millones y que en conjunto, exhiben la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR), el Sistema de Retiro para Maestros (SRM) y aquel de la Judicatura.
En palabras simples, habrá que decidir entre pagar las pensiones y los beneficios que reciben los jubilados o asignar más recursos a la Policía, la educación o a la tarjeta de salud.
Los inversionistas y las casas acreditadoras aguardan porque la respuesta del nuevo gobierno sea "contundente".
"En el caso de Puerto Rico, analizaremos las alternativas de política fiscal y económica en los próximos meses, tanto de la presente administración como del gobernador electo, así como de la nueva legislatura", dijo hace unas semanas el analista de Standard y Poor's, Horacio Aldrete Sánchez, al advertir de una posible degradación.
Mientras, a Puerto Rico le aguardará pagar, por algún tipo de impuesto o recortes en servicios públicos, la multimillonaria deficiencia si quiere continuar tomando prestado como lo ha hecho por décadas.
"Se debe enfocar como prioridad el flujo de efectivo para pagar beneficios constitucionalmente garantizados", dijo el administrador de la ASR, Héctor Mayol.
"De otra manera, el presupuesto del Fondo General deberá cargar con la responsabilidad de dichos pagos, lo que sería en detrimento de los servicios a todo el pueblo puertorriqueño".
Según el Centro para la Nueva Economía (CNE), el Gobierno "tardó demasiado tiempo" en atender el...
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