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Prematuro conocer cambios en acuerdos

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Vincent

La directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Natalie Jaresko, se apresta a renegociar el alcance del acuerdo de reestructuración (PSA, en inglés) con los bonistas de Obligaciones Generales (GOs) y de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), ahora que la pandemia del COVID-19 ha trastocado todos los supuestos económicos y financieros que sirvieron de zapata al pacto.En paralelo, Jaresko y su equipo comienzan a mirar de cerca el impacto que la pandemia podría tener en el flujo de efectivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT).De acuerdo con Jaresko, es demasiado temprano para establecer qué o cómo cambiarían los acuerdos ya pactados con diversos grupos de bonistas, pues todo dependerá de cuánto dure la cuarentena y cuánta ayuda pueda recibir el sector empresarial de Puerto Rico vapuleado por las medidas de salubridad para atajar el coronavirus.El pasado 1 de abril, los directivos de la JSF emitieron una resolución para autorizar a Jaresko a renegociar una segunda enmienda al PSA del gobierno central, a los fines de modificar cierto lenguaje en el acuerdo que pagaría a los bonistas -en el agregado- alrededor de 72 centavos de dólar por el dinero que estos prestaron al gobierno.Inicialmente, en un intento porque más bonistas respaldaran el acuerdo, la JSF modificó los términos del PSA para extender el tiempo que estos para expresar su apoyo a la renegociación propuesta. Dicho plazo venció el 20 de marzo.Pero tres días más tarde, la JSF acudió a la jueza Laura Taylor Swain para aplazar la discusión de la declaración informativa del PSA y el plan de ajuste (POA) del gobierno central de manera indefinida. Lo mismo se hizo con la reestructuración de la AEE.De acuerdo con Jaresko, tras recibir el pedido, Swain pidió a las partes presentar un informe sobre el proceso el próximo 15 de mayo.Según el PSA que la JSF presentó en febrero pasado, cuando apenas la pandemia del COVID-19 comenzaba a convertirse en una preocupación en Europa y Estados Unidos, el acuerdo con los bonistas -que requiere como pago que el gobierno emita una combinación de GOs y bonos subordinados de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina)- entraba en vigor el pasado 1 de marzo, incluyendo la acumulación de intereses."Parte de todo este...

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