Se prepara el Gobierno
Por José A. Delgado
Jdelgado@elnuevodia.com
"Es un asunto de tanta envergadura que debe ser objeto de una discusión nacional en Puerto Rico", indicó ayer el secretario del Trabajo, Vance Thomas.
Desde julio de 1998, durante el gobierno de Pedro Rosselló, el gobierno de Puerto Rico adoptó como política pública, por ley, dejar en manos del Congreso la implantación en la Isla de un salario mínimo federal. La ley 180 de 1998 también eliminó la Junta de Salario Mínimo de Puerto Rico.
Reconociendo esa realidad y que el presidente Obama intenta desde hace más de un año convencer al Congreso de que aumente el sueldo mínimo por hora de un trabajador, Thomas quiere integrar a un proceso de análisis a los sectores empresariales, sindicales y gubernamentales de la Isla.
Aunque la describen como una medida que haría justicia a los trabajadores, los patronos, desde empresarios a alcaldes, pronostican reducción de jornadas y/o despidos si se produce -sin algún subsidio especial- un aumento de $2.85 en el sueldo básico mínimo por hora en la Isla.
Los sindicatos defienden la idea con fuerza como una forma de ayudar a sacar familias de la pobreza, aunque en palabras del presidente de la central sindical AFL-CIO, Richard Trumka, "la negociación colectiva es la mejor forma de elevar los salarios".
Los cálculos de los sectores empresariales son que más de 300,000 personas en Puerto Rico dependen de un puesto de trabajo sujeto al salario mínimo federal, que ahora es de $7.25 por hora y se quiere elevar a $10.10 por hora en un plazo de 27 meses después de la iniciativa ser convertida en ley.
Debido a la oposición de sectores republicanos, que controlan la mayoría de la Cámara baja federal y tienen suficientes votos para bloquear medidas en el Senado, "no sabemos si esto va a ocurrir, pero si no es tolerable para el país tenemos que decidir qué debemos hacer", sostuvo el secretario Thomas.
En momentos en que los costos operacionales suben y las ventas están lentas, la presidenta del Centro Unido de Detallistas (CUD), Enid Monge, afirmó que "los comercios (que generan dos de cada tres puestos de trabajo en la Isla), no están preparados".
"Nos podemos ver obligados a subir precios", no solo a reducir jornadas o despedir empleados, sostuvo Monge.
La Cámara de Comercio ha advertido que se necesitarán subsidios del gobierno federal -lo que ha ocurrido antes-, para poder enfrentar el posible alza, que supondría, además, incrementar la escala de trabajadores que puedan...
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