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Un presupuesto para pagar a los jubilados

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Vincent

El Plan de Ajuste (PDA) y la consecuente actualización del Plan Fiscal 2022 del gobierno central supone un alivio importante en los pagos que Puerto Rico hará a los bonistas en las siguientes dos décadas, promueve inversiones en infraestructura, aumentos salariales para ciertos empleados públicos y crea una reserva para asegurar el pago de las pensiones, según el análisis más reciente del Centro para Una Nueva Economía (CNE).Pero, según el CNE, los ahorros que Puerto Rico ha conseguido a través del Título III de Promesa no son tan grandes como ha planteado la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y tampoco eliminan otra ronda de recortes presupuestarios en decenas de agencias y municipios. Mientras, de acuerdo con la organización de política pública, las proyecciones en el plan fiscal -que auguran mejores tiempos económicos para la isla- descansan en fondos federales para los cuales no hay certeza absoluta y en reformas estructurales, cuya efectividad es dudosa.Según el Plan Fiscal certificado el pasado 27 de enero, si la economía mejora y los recaudos del impuesto al consumo y los arbitrios del ron rebasan las proyecciones del Plan Fiscal certificado 2020, los pagos a bonistas desde el Fondo General, en el período 2022-2031, rondarían unos $9,300 millones.De acuerdo con el CNE, al considerar la renegociación de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), el alivio obtenido por la JSF de parte de los bonistas reduce el pago anual de la deuda a un nivel equivalente al 1.6% del Producto Bruto de Puerto Rico para el año 2021.En el agregado, a través del PDA, el gobierno redujo en promedio el 48% de sus distintas obligaciones, fueran bonos o deudas con suplidores y contratistas."El alivio total de la deuda, por tanto, es significativo pero no tan alto como afirma la (JSF) ni tan bajo o trivial como alegan los detractores del plan", reza el reporte.El análisis de la organización se produce aproximadamente un mes después de que la JSF certificara la versión actualizada del Plan Fiscal del gobierno central. El documento, requerido por la ley Promesa, es el primero que refleja los efectos de la renegociación de la deuda pública y el ejercicio del CNE ha servido para concluir que, por los siguientes 10 años, excluyendo los pagos en efectivo que se harán a los bonistas y otros acreedores, la mayor parte del dinero que ingrese al fisco se utilizará para el pago de pensiones.La UPR como el gran perdedorAunque el CNE reconoce como un compromiso...

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