Prevén obstáculo para pruebas de dopaje a jueces
Por Ricardo Cortés Chico
rcortes@elnuevodia.com
La controversia sobre el uso de drogas en la judicatura comenzó la semana pasada, luego que el Tribunal Supremo local destituyera y separara de la práctica de la abogacía al ahora exjuez Reinaldo Santiago, quien presuntamente usaba cocaína y golpeaba constantemente a su esposa.
Los cuestionamientos de constitucionalidad surgen del caso Chandler vs. Miller, un caso resuelto en el 1997 por el Supremo estadounidense en el que se revoca una ley del estado de Georgia que le requería pruebas de drogas a los aspirantes a cargos electivos.
Según el abogado constitucionalista Carlos Gorrín Peralta, la jurisprudencia establece que este tipo de pruebas constituyen un registro, regulado por la cuarta enmienda de la Constitución estadonidense, por lo que para llevarse a cabo el gobierno necesita una sospecha fundada e individual de que se está cometiendo un delito.
Es una exigencia similar al allanamiento o registro de una casa, explicó el profesor de derecho, Rolando Emmanuelli. "Para que la Policía entre a tu casa necesita una razón justificada, avalada por un juez con anterioridad".
En este caso, el estado de Georgia alegaba que el uso de narcóticos ilegales es incompatible con la posesión de un puesto de alto rango en el estado ya que pone en riesgo el juicio, la integridad y mina la credibilidad del público en sus ejecutivos.
Debido a esto, se pedía una excepción al estatuto constitucional permitiendo las pruebas de dopaje, como ocurre con los oficiales que manejan casos de drogas, según se desprende de la propia decisión que tiene fecha del 15 de abril de 1997 y que fue escrita por la juez asociada Ruth Bader Ginsburg.
"En Chandler y otros casos del Supremo se estableció que una prueba de orina, aun tomada en la intimidad y siguiendo un protocolo, no podría ser requerida por ley para tomarse de forma generalizada", explicó, por su parte, el abogado constitucionalista Carlos Ramos.
Parte de la decisión del Supremo federal se debe a que el estado no pudo probar que había un problema generalizado al punto de que se presumiera que los aspirantes a cargos electivos tenían que probar que estaban limpios de narcóticos ilegales.
Ese problema de uso generalizado de sustancias entre los oficiales tampoco se ha evidenciado aquí en Puerto Rico. La discusión pública, hasta el momento, se ha concentrado sobre el uso de drogas por parte del ahora exjuez Reinaldo Santiago y no se ha sabido, hasta el momento, de que...
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