Primera demanda contra el nuevo Código Penal
Por José A. Delgado
jdelgado@elnuevodia.com
WASHINGTON - Por entender que atenta en contra del derecho a la libertad de expresión y a protestar pacíficamente, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ha impugnado la constitucionalidad del Código Penal adoptado recientemente por el gobierno de Luis Fortuño.
Los abogados de la ACLU acudieron el lunes ante el Tribunal Federal de San Juan y denunciaron, específicamente, el artículo 297 que ahora penaliza con tres años de cárcel a la persona que interrumpa trabajos legislativos.
El estatuto sanciona con tres años de cárcel -antes era un máximo de seis meses- a los que causen interrupciones a los trabajos legislativos o las funciones de algún legislador.
Al anunciar el recurso judicial, que enmienda una demanda original sometida por la ACLU en contra de la Policía de Puerto Rico, la abogada Marjorie Press Lindblom indicó que se le ha recordado al Tribunal federal de San Juan que las manifestaciones de protesta y los actos de desobediencia civil, que puedan estar precisamente destinados a interrumpir pacíficamente un evento legislativo, tienen "larga tradición" y "es un método de expresión protegido por la Constitución de Estados Unidos".
"Su lenguaje vago y abarcador le permitiría al Secretario de Justicia (de Puerto Rico), de forma discriminatoria, someter cargos criminales en contra de personas que están en desacuerdo con las acciones de los legisladores", indicó Press Lindblom, socia del bufete Kirkland y Ellis.
Para el director ejecutivo de la oficina de la ACLU en Puerto Rico, William Ramírez, el artículo 297 ya tiene el efecto de desincentivar las manifestaciones y expresiones públicas.
"Esto es escandaloso y sin precedentes en un país que se hace llamar democrático y no puede sostenerse", indicó Ramírez, en una declaración escrita.
Mientras, el secretario de Estado de Puerto Rico, Kenneth McClintock, sostuvo que el Código Penal no atenta contra "las manifestaciones ordenadas".
Pero una de las críticas de los grupos pro derechos civiles es no solo la pena que se impone, sino que la ley no diferencia la interrupción pacífica por medio de la desobediencia civil de un acto violento.
La demanda original de la ACLU en contra de la Policía fue sometida el 27 de junio a nombre del Consejo General de Estudiantes (CGE) y la Federación de Trabajadores.
Según Ramírez, llenan el vacío...
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