Una PROMESA incumplida
El viernes pasado se cumplió el primer aniversario de la aprobación de la ley PROMESA (Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act). Esta ley federal habilitó una Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para poner en orden las finanzas del Estado Libre Asociado (ELA).
Por la vorágine del momento, me parece que aún no hemos podido entender bien la dimensión histórica de lo que implicó PROMESA para Puerto Rico.
El apocalipsis financiero al que se exponía la posesión del Congreso en el Caribe, llevó a que se alinearan los tres poderes constitucionales (algo poco común en Washington) para aprobar PROMESA. Sin embargo, durante el proceso de discusiones en el Congreso, imperó el caos, el antagonismo de los diferentes sectores afectados por la crisis de Puerto Rico.
El liderato político, en pleno proceso electoral, dividido y sin causa común para presionar al Congreso a que habilitara un mecanismo más efectivo para lidiar con el problema. El gobierno anterior, insolvente de credibilidad por las irracionales políticas fiscales que implementó, no pudo convencer al Congreso de que se necesitaban herramientas para impulsar la economía.
Mientras tanto, el entonces partido opositor, hoy a cargo del gobierno, se inclinaba a promover el tema ideológico como punta de lanza de la argumentación en el proceso. En el furor de la campaña política, el entonces candidato, hoy gobernador Ricardo Rosselló Nevares, se comprometió a pagar una deuda, que hoy, ya sentado en la comodidad de La Fortaleza, ha decidido enviar al país a la quiebra.
Así las cosas, terminó siendo aprobada PROMESA como una especie de sopa cocinada a la prisa, donde mucha gente tiró ingredientes a ver con qué sabor salía finalmente cocinada. Hoy nos damos cuenta de que no todos quieren probar la sopa que cocinamos hace doce meses.
¿Hemos aprendido algo? Doce meses después de la aprobación del estatuto que alteró para siempre la relación política y económica entre el ELA y el gobierno federal, hay una percepción generalizada de que todo sigue igual. La clase gobernante y política sigue apegada al viejo modelo de gobierno, fundamentada en el gasto y la indisciplina fiscal. Los partidos políticos se reafirman en su incapacidad de habilitar una nueva gobernanza, que les permita gerenciar de manera efectiva, el proceso de saneamiento fiscal que promueve PROMESA. Aún continúa el “tiroteo” político y las mismas conductas que provocaron la actual crisis.
Con dolor en el alma, también...
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