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Pruebas de drogas a 'sensitivos'

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Por José A. Delgado

jdelgado@elnuevodia.com

Bajo esa categoría suelen estar incluidos puestos de seguridad (policías, bomberos, etcétera), funcionarios que tienen que portar armas, los que lidian con asuntos de seguridad pública, seguridad nacional o están vinculados a funciones de transportación.

Cerca de 400,000 empleados federales se tienen que someter a esos criterios, que cumplen con la jurisprudencia adoptada por el Tribunal Supremo en 1997 (Chandler versus Miller). Para someter a pruebas de uso de drogas a un empleado gubernamental, fuera de esas excepciones, se requiere sospecha razonable de que el empleado suele estar bajo los efectos de drogas o sus tareas así lo exigen.

En algunos casos, la vinculación del empleado con un accidente puede abrir la puerta a esas pruebas.

En los gobiernos estatales, la norma general es regirse por la jurisprudencia del caso de Chandler.

Pero hay sus excepciones. En Luisiana, por ejemplo, se le exige la prueba de drogas a todo empleado después de que se la ha ofrecido el trabajo.

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) advierte que, mientras no haya sospecha razonable, las pruebas de uso de drogas "son injustas", pues representan someter a personas inocentes a un proceso "degradante e incierto" que violenta la intimidad personal.

Según la Federación de Empleados de Gobiernos Estatales y Locales (AFCSME), que representa a 1.6 millones de empleados públicos, a nivel estatal y local, a menos...

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