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'Se pudo haber hecho mucho más'

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Vincent

Aunque el proceso judicial que se lleva a cabo para reestructurar buena parte de la deuda pública de Puerto Rico no ha llegado a ese punto, el exdirector de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) José R. González indicó que no puede descartarse la posibilidad de que el tribunal desestime la solicitud de bancarrota a falta de progresos significativos.A juicio del abogado, el gobierno y la JSF se encuentran en una coyuntura complicada e imprevista como resultado del coronavirus, pero insistió en que Puerto Rico debe moverse con celeridad y aunque no es perfecta, aprovechar la ley federal Promesa, una herramienta que otras jurisdicciones estatales desearían tener para salir de sus atolladeros fiscales."En los procesos de quiebra, si un deudor en posesión no cumple con sus responsabilidades, eventualmente el tribunal le puede decir ‘pa’ fuera y brega en el tribunal cuando empiecen a embargar las cuentas’", dijo González. "No creo que estamos ahí con respecto a que la jueza vaya a tomar una decisión tan fuerte, pero ciertamente no es algo a lo que debe atribuirse cero posibilidad".Tras cesar en sus funciones en la JSF, el pasado 31 de agosto, González conversó con El Nuevo Día acerca de lo hecho en la JSF durante los pasados cuatro años.En la plática, González insistió en que, si bien Puerto Rico debe atender la crisis sanitaria y su secuela económica, la prioridad del gobierno también debiera estar en regresar a los mercados de capital y acabar con la existencia del organismo fiscal.Sus expresiones surgen al tiempo en que la Casa Blanca y el Congreso deben llenar su vacante, aquella de Carlos M. García y la del saliente presidente de la JSF, José B. Carrión.Pero también surgen al tiempo en que el plan de ajuste de la deuda del gobierno, radicado hace un año, y aquel de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) se encuentran en un limbo como resultado de la pandemia."Se pudo haber hecho mucho más, esa es la pena de todo esto", indicó González al agregar que la JSF se topó con un gobierno que ha preferido litigar lo "inútil"."Se pierde tiempo y se pierde dinero, enormemente, y el tiempo en resolver los temas", comentó González.El Nuevo Día reseñó antes que las cifras más recientes en torno al proceso de reestructuración de Puerto Rico rondan unos $615 millones, según documentos del oficial examinador de honorarios, Brady C. Williamson."Un gobierno responsable, este y el que comience en enero (de 2021), debe actuar para movernos a una resolución para...

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