Cuando el Estado puede acabar con la vida
por José A. Delgado
jdelgado@elnuevodia.com
En Puerto Rico, ha sido consecuente el rechazo a una condena que se percibe como un remanente de la Ley del Talión, la antigua idea de que las cosas se resuelven con el "ojo por ojo y diente por diente".
"Es un castigo inhumano y cruel. La gente lo ve así", sostiene Edgardo Román, abogado y coordinador de la Coalición Puertorriqueña contra la Pena de Muerte.
Desde 1929, la Legislatura abolió la pena capital, una decisión que el pueblo puertorriqueño validó, en 1952, al aprobar la Constitución del Estado Libre Asociado (ELA).
Para Richard Dieter, director ejecutivo del Centro de Información de la Pena de Muerte, con oficina en Washington D.C., como telón de fondo del debate está el hecho de que "140 personas han sido liberadas del corredor de la muerte y absueltas de todos los cargos".
Uno de los casos más conocidos es el del puertorriqueño Juan Meléndez, quien pasó 17 años en el corredor de la muerte antes de ser liberado en 2002 tras detectarse fallas en el proceso por el cual se le halló culpable de asesinato.
Por años la percepción ha sido que la pena de muerte se aplica discriminatoriamente. Poco más de un tercio de los convictos que han sido ejecutados son de raza afroamericana, que representan solo un 14% de la población estadounidense.
Por cuarta ocasión en poco más de una década, sin embargo, la fiscalía federal de San Juan le ha solicitado a un jurado castigar a un imputado de asesinato en Puerto Rico, si hay un veredicto de culpabilidad, con la pena de muerte.
Las normas federales permiten al Gobierno proponer a un jurado que los imputados de cerca de 40 delitos -asesinatos en diferentes circunstancias- pueda ser sancionada con la pena capital, restablecida por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en 1976.
En el caso que en estos días se ve en el tribunal federal de San Juan, el yaucano Edison Burgos Montes, está imputado de narcotráfico y de asesinar a la que fuera su novia, Madelin Semidey Morales, quien era testigo de la Administración Federal Antidrogas (DEA)
El Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene un comité que decide cuando la fiscalía federal pide la pena de muerte para un acusado.
"Nadie va por encima de la voluntad del pueblo, ya que un jurado compuesto por puertorriqueños es quien decide si va a imponer la pena de muerte", indicó Limary Llovet, portavoz de la fiscalía federal de San Juan.
Si el jurado acepta la petición, la ejecución se haría en Estados Unidos...
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