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Puerto Rico emitió deuda ilegal

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Vincent

Un grupo de bonistas constitucionales que no habría recibido un centavo de parte del gobierno en años planteó ayer que, al examinar el texto de la Constitución de Puerto Rico y la deuda emitida por el territorio estadounidense antes de declararse en bancarrota, al menos $6,700 millones se vendieron en contra de la ley.En dos recursos complementarios, la Coalición de Deuda Constitucional Legítima (CDCL) pidió a la jueza Laura Taylor Swain que deniegue una moción del Grupo de Bonistas Constitucionales (Ad Hoc-GO) que busca frenar los reclamos de ilegalidad que han hecho la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y el Comité de Acreedores no Asegurados (UCC).Específicamente, la CDCL dijo a Swain que la moción presentada por el Ad Hoc-GO -dirigida a modificar el proceso sugerido a la corte para determinar la validez de la deuda repudiada por la JSF- presenta controversias que no están maduras, expone argumentos basados en escenarios que podrían o no podrían ocurrir y que parecen más inclinados a influenciar la opinión pública que a justificar los planteamientos a la luz del derecho vigente.Pero al mismo tiempo, la CDCL argumentó que un análisis textual de la Carta Magna puertorriqueña dejará a la luz que, en definitiva, Puerto Rico emitió deuda en contra de lo permitido por la Constitución. Parte de la deuda que sería ilegítima para la JSF, el UCC y ahora -aunque por motivos distintos- la CDCL, estaría precisamente en manos del Ad Hoc-GO. Este último grupo advirtió en su objeción que si la JSF y el UCC continúan con su intención de repudiar parte de la deuda constitucional, no cejarán en cuestionar las transacciones que ha suscrito el gobierno salvo aquella de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina)."El fracaso del gobierno central en cumplir con el mandato constitucional resultó en la emisión de aproximadamente $6,700 millones en bonos GOs con la supuesta fe y crédito (del gobierno) así como garantías en (los años) 2012 y 2014 que violaron expresamente los términos del límite de deuda constitucional", alegaron los bufetes Reichard & Escalera y Quin Emanuel Urquhart & Sullivan, que asesoran a la CDCL.En diciembre del año pasado, en una movida sorpresiva, el UCC y la JSF radicaron una moción conjunta para que ese foro estableciera que la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) fue "una farsa financiera" que utilizó el gobierno para tomar prestado. En síntesis, el UCC y la JSF plantearon que el gobierno creó un mecanismo donde se...

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