'Puerto Rico es un mejor país'
Por Rebecca Banuchi
rebecca.banuchi@gfrmedia.com
De ahora en adelante, el discrimen por orientación sexual o identidad de género será penalizado, y las protecciones que otorga la Ley 54 de violencia doméstica cobijarán a todo tipo de personas, independientemente su orientación sexual, su identidad de género, estado civil o estatus migratorio.
El primer ejecutivo suscribió ambas medidas en el Salón de los Espejos, en La Fortaleza, rodeado por los presidentes legislativos, Eduardo Bhatia y Jaime Perelló, los autores de las medidas, el senador Ramón Luis Nieves y el representante Luis Vega Ramos, además de algunos activistas como Pedro Julio Serrano y Amárilis Pagán, del Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad, que dominaron la discusión pública sobre los proyectos las pasadas semanas.
Antes de la firma, el primer ejecutivo se refirió a ambos proyectos, y resaltó que su aprobación no supone la victoria de un grupo sobre otro, sino que representa un adelanto para todo el país en materia de derechos humanos. Esta es la primera vez en la historia del país que se reconoce a la comunidad LGBTT algún derecho en el ordenamiento legal puertorriqueño.
"Hoy no es el triunfo de una comunidad sobre otra. Hoy no se trata de un canto de victoria de una comunidad sobre otra. Hoy, con la firma de estas leyes, Puerto Rico queda invicto en esta lucha. Ganan todos, favorecedores y detractores, porque hoy Puerto Rico es un mejor país donde hay menos discrimen y donde se adelanta en la lucha de los derechos humanos y civiles", manifestó el mandatario.
La discusión de ambos proyectos en la Asamblea Legislativa enfrentó a los ciudadanos y organizaciones que abogan por los derechos de la comunidad LGBTT y líderes religiosos que se oponían por su credo y, además, por entender que la extensión de esas garantías y protecciones abre la puerta para que también se conceda a las personas homosexuales el derecho a casarse.
Originalmente, el proyecto antidiscrimen extendía las protecciones a la comunidad LGBTT a otros ámbitos, como los alquileres, compraventas, negocios y transporte colectivo, entre otras, pero presiones de sectores religiosos conservadores lograron que legisladores populares en la Cámara modificaran la medida para limitarla solo al empleo.
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