Punto final a caso contra exuniversitarios

Por entender que habían obtenido triunfos importantes, cuatro exuniversitarios aceptaron recibir multas de $100 por cada cargo que enfrentaban, como parte de un acuerdo con la fiscalía para terminar el extenso caso judicial que se derivó de la interrupción, por un grupo de estudiantes, de una reunión de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en 2017.Según el acuerdo, los jóvenes hicieron alegación de culpabilidad después de reclasificar los cargos a menos grave, y se archivaron las denuncias contra uno de los acusados, Francisco Santiago Cintrón.La jueza Eloína Torres Cancel, quien había desestimado el caso, pero fue revocada por el Tribunal de Apelaciones, fijó las multas para Gabriel Díaz Rivera, Verónica del C. Figueroa Huertas, Randiel Negrón Torres y Thaliangelly Torres González.El Departamento de Justicia alegaba que "los acusados interrumpieron de forma violenta y desmedida" en una reunión de la Junta de Gobierno de la UPR, el 27 de abril de 2017."Ya estábamos en la etapa final de la vista evidenciaria, que es la etapa previa al juicio, para determinar si se procedía o no, si se ampliaba el descubrimiento de prueba. Estábamos interrogando al agente del caso, pero el fiscal (Ángel García) ofreció reclasificar todo a menos grave, con una multa prácticamente nominal", relató una de las abogadas de la defensa, María Sáez Matos.Precisó que "la condición era que se hicieran unas expresiones". "Ellos hicieron una reflexión que leyeron en sala", añadió."Fue una decisión de ellos. Se decidieron por el acuerdo, sobre todo, por el análisis de que se había obtenido mucha ganancia en el caso: se expuso el carpeteo, de cómo Justicia los trató diferente y el memo para los fiscales. Todo quedó sobre la mesa", agregó. "Han sido cuatro años aturdidos por este proceso, y querían seguir con sus vidas".Por "carpeteo", Sáez Matos se refirió a que, durante el descubrimiento de prueba, el Departamento de Justicia obtuvo la información de miles de usuarios de la red social Facebook que siguieron a dos medios de comunicación estudiantiles y a Diálogo, entonces periódico oficial de UPR, durante la huelga universitariaEn cuanto al "memo", la abogada mencionó que aludía a una comunicación interna que cursó la entonces jefa de fiscales, Olga Castellón, en momentos en que los 11 recintos de la UPR estaban en huelga, para establecer un protocolo y un grupo para monitorear las posibles violaciones de ley que surgieran en las protestas, lo que la...

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