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La quiebra de Puerto Rico enriquece a varios bufetes de Estados Unidos

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Vincent

El proceso de bancarrota de Puerto Rico, el más grande en la historia del mercado municipal estadounidense, ya ha costado a los contribuyentes unos $1,000 millones, pero a su vez, ha servido para encumbrar a los abogados y bufetes que participan de las negociaciones y disputas judiciales entre bonistas, aseguradoras municipales, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y el gobierno, según Chambers & Partners.Según la firma dedicada a analizar el desempeño de los profesionales del Derecho, cuando se trata de firmas y abogados de reestructuración en Nueva York, prácticamente, todos los bufetes y los principales abogados que participan del proceso de Título III ante la jueza Laura Taylor Swain tienen un lugar entre los primeros 10 nombres más reconocidos.A partir de hoy, esos nombres sonarán en Puerto Rico con más fuerza. Ello, a medida que estos abogados presenten sus argumentos o interroguen a testigos durante el proceso de confirmación del Plan de Ajuste (PDA). La propuesta permitiría reestructurar entre $22,000 millones y $23,000 millones en bonos vinculados al gobierno central, así como otros $12,000 millones en otro tipo de reclamaciones. Entre estas, las deudas del gobierno con suplidores y contratistas y la restitución de los ahorros de retiro a ciertos empleados públicos y que el gobierno utilizó para pagar pensiones vigentes.En total, según los informes del oficial examinador Brady C. Williamson, contratado por el tribunal para examinar los honorarios de los Casos de Título III, sobre una veintena de bufetes y asesores han participado de la reorganización financiera de la isla.Puerto Rico paga los honorarios de los abogados y asesores de la JSF, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), el Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés) y el Comité Oficial de Retirados (COR), estos últimos, creados por el Síndico de Estados Unidos para negociar con la JSF.Puerto Rico también ha pagado compensaciones a abogados de bonistas por consumar otras reestructuraciones como la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina).La cifra pagada por Puerto Rico no incluye los millones de dólares pagados por acreedores particulares -los bonistas, por ejemplo- para defender su causa.Chambers agrupa los bufetes y los abogados partiendo de su capacidad técnica...

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