Rampante la impunidad
Por Ricardo Cortés Chico
rcortes@elnuevodia.com
Casos como el asesinato de Steven Cruzado Torres, de 24 años, ocurrido la semana pasada en San Germán, muestran tan solo una parte del asunto. El presunto asesino, Roberto Figueroa, estaba libre y pudo cometer el crimen porque un juez, en el 2010, consideró que el sujeto no cometió delito grave al llevar en su auto un arma ilegal y porque la fiscalía no apeló la decisión.
Muchas de estas fallas, algunas con consecuencias gravísimas como esta, se repiten en todo el sistema de seguridad y limitan las posibilidades de aumentar la cantidad de casos que se presentan en los tribunales y terminan con convicciones. Actualmente, se estima que del total de asesinatos solo el 30% de los responsables enfrentan acusaciones por el crimen cometido.
Muchos de estos problemas comienzan desde la propia escena de los hechos. Los señalamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos en contra de la Policía local plantean un panorama claro sobre el asunto. Retratan un cuadro de corrupción, fabricación de casos y falta de entrenamiento en la Uniformada en materia de derechos civiles e investigación criminal.
En los últimos dos años, la Policía ha dado pasos para resolver estos complejos señalamientos, señaló el capitán Rolando Trinidad, jefe de Homicidios en San Juan.
"Durante todo el año, en la Academia de la Policía se establecen unos itinerarios y se va readiestrando al personal para corregir esas fallas", señaló Trinidad.
A esto se le añade los ya tradicionales escollos con la cooperación ciudadana. El silencio entre los testigos, por ejemplo, permite que casos, como el asesinato de Julio Ramos Oliver, de 32 años, ultimado en medio de las Fiestas de la Calle San Sebastián, no sean resueltos inmediatamente, pese a que ocurrió frente a cientos de personas.
La impunidad se crea con la sobrecarga de trabajo de los investigadores, los fiscales y, sobre todo, los peritos del Instituto de Ciencias Forenses (ICF). Ayer al menos seis personas entrevistadas por este diario -entre investigadores y fiscales- recalcaron que los atrasos en esta agencia son inmensos. Por ejemplo, actualmente, los informes de balística y de ADN tardan entre tres y cuatro meses.
"Ha habido casos en que los informes llegan cuando el caso se está acabando en el tribunal. Hay casos que se han ido por hábeas corpus (libre al pasar seis meses sin juicio) por esto. Es evidencia con la que uno no puede contar para esclarecer, sino para...
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