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A reactivar 515 mil electores

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Por Daniel Rivera Vargas

drivera2@elnuevodia.com

Ambos son parte de los 515,063 electores que la CEE eliminó del registro electoral porque no votaron en los comicios pasados, aunque votaron en el 2004. Esto viola leyes federales, según un trío de abogados que inició ayer un proceso de impugnación -en nombre de Alers, Beneján y otros tres electores- que podría terminar en la corte federal.

"La CEE carece de autoridad legal para excluir del registro electoral a un ciudadano por no haber votado", dijo el representante popular Charlie Hernández, quien reveló -junto a los letrados Rafael García Rodón y Carlos del Valle- el reclamo para que el organismo electoral reactive a los citados electores.

"Es una iniciativa que va a salvar el derecho constitucional de medio millón de puertorriqueños", añadió.

Según los letrados, la exclusión de electores viola la Ley Nacional de Registro de Votantes (NAVORA) y la Ley para Ayudar al Voto Americano (HAVA). Dijeron que estos estatutos reconocen el derecho de un elector a no ser excluido del registro electoral por el hecho de no haber participado en una contienda electoral.

Recordaron que aquí se elige al comisionado residente en Washington, quien es un funcionario federal.

A preguntas de la prensa sobre si hay algún mecanismo para que el ciudadano se reactive como elector, los abogados indicaron que el problema es que independientemente de que el elector pueda inscribirse, la realidad es que la exclusión es ilegal.

"Es abominable que la CEE te penalice porque una persona decide no votar entre Drácula y el Hombre Lobo", cuestionó García Rodón.

"El derecho a no votar tiene la misma protección jurídica que el derecho a votar. Como resultado, el Estado no puede penalizar a un ciudadano por el mero hecho de no votar", agregó.

Del Valle explicó que la ley federal establece que primero se radiquen ante la CEE las denuncias de los ciudadanos. Si al cabo de 90 días la CEE no atiende favorablemente su reclamo, los abogados irían al tribunal federal para solicitar una orden de interdicto permanente y una sentencia declaratoria, que sería de aplicación al medio millón de electores...

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