Rechazo empresarial a movida del DDEC
Por Joanisabel González
joanisabel.gonzalez@elnuevodia.com
Se trata del proyecto cameral 4029, radicado el pasado 31 de mayo y que, de aprobarse, tendrá el efecto de eliminar la Oficina de Exención Contributiva Industrial para dar paso a la Oficina de Incentivos para Negocios en Puerto Rico (OIN). La OIN administraría unas 15 leyes dirigidas a promover la inversión y creación de empleos en Puerto Rico en todo tipo de sectores económicos, desde la manufactura hasta la construcción.
Al presente, los incentivos que otorga el Gobierno son evaluados, negociados y otorgados por la agencia vinculada a cada sector económico como sería turismo, cine o seguros.
El secretario de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), José R. Pérez-Riera, indicó que la medida busca uniformar y simplificar el proceso de radicación y otorgamiento de incentivos.
Dijo que el objetivo ulterior es promover el uso de tecnología para documentar las transacciones mediante las cuales el Gobierno deja de recibir recaudos por la vía de contribuciones con la expectativa de que los tratos preferenciales por sector surtan mayor efecto en la actividad económica.
Pérez-Riera sostuvo que se darían más recursos a la OIN para desempeñar sus nuevas funciones.
Empero, la Coalición del Sector Privado (CSP) sostuvo que la pieza podría significar otro nivel de burocracia en las transacciones gubernamentales y la concentración de poder en la figura del secretario de Desarrollo Económico.
La pieza ordena a más de una decena de agencias de gobierno transferir a la OIN y al DDEC, "el proceso de solicitud, evaluación, aprobación, emisión, denegación, administración y revocación de Concesiones de Incentivos para todos los negocios elegibles cobijados", salvo las prerrogativas que competen al secretario de Hacienda.
Entre las agencias que vendrían obligadas a transferir sus poderes de otorgamiento de incentivos al DDEC figuran la Compañía de Turismo, la Oficina del Comisionado de Seguros, la Administración de Asuntos de Energía, la Administración para el Financiamiento de la Vivienda y hasta la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras. Además, se ordena transferir "la aprobación y concesión final de beneficios provenientes de Fondos Especiales".
Se concede autoridad para imponer multas de hasta $ 10,000 e investigar a las empresas que reciban incentivos si no cumplen con los compromisos contraidos con el Gobierno.
Aunque dijeron que se trata de una iniciativa loable en principio, el...
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