RECHAZO JUDICIAL A QUE TOQUEN SUS PENSIONES
No se trata de una discusión nueva. Pero, en tiempos de austeridad, aflora nuevamente el debate sobre la brecha que existe entre la pensión que recibe un juez retirado y la de un empleado público.
La demanda federal radicada recientemente por la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura para evitar que se toquen sus pensiones, según lo contempla el Plan Fiscal aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), añadió leña al fuego.
La pensión promedio de un exjuez asciende a $5,110 mensuales o $61,320 anuales, mientras que un jubilado raso recibe $1,050 cada mes o $12,600 al año, un ingreso que roza el nivel de pobreza, según los estándares del Departamento de Salud federal.
Para atender esta disparidad, el representante popular Carlos Bianchi presentó recientemente –y por segunda vez en menos de cuatro años– una medida para limitar la práctica privada de la abogacía de los exjueces del Tribunal Supremo a trabajos en la academia, asesoramiento jurídico o la notaría.
Pese a que no lo dice explícitamente, el proyecto –que se encuentra ante la Comisión cameral de Sistemas de Retiro y sin fecha para vistas públicas– intenta evitar que un juez jubilado cobre su pensión cuando también puede litigar casos en los tribunales.
En entrevista con El Nuevo Día, el ahora representante de minoría explicó que radicó el Proyecto de la Cámara 921 por segunda ocasión movido por preocupaciones éticas y como una propuesta de equidad en momentos de crisis.
Planteó que los ex jueces presidentes y asociados del Supremo, quienes actualmente pueden litigar casos en los tribunales, gozan de una pensión superior a la que reciben los empleados públicos o los jueces de menor jerarquía, precisamente, para garantizar su independencia de criterio y sus inquietudes de retiro.
Nueve exjueces reciben una pensión de retiro, cuyo promedio alcanza los $11,158 mensuales o $133,896 anuales, según datos que ofreció Dagmar Santiago, directora de la Oficina de Servicio al Participante de la Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados de Gobierno y la Judicatura.
Los jueces nombrados antes del 1 de julio de 2014, fecha de la última enmienda al Sistema de Retiro de la Judicatura, reciben un aumento de un 3% en su pensión cada tres años.
Al morir, su cónyuge recibe el 60% de la pensión y también le aplican las alzas trienales.
Después de la enmienda del 2014, la pensión no se hereda, pero el juez jubilado puede optar por el mecanismo de traspaso, que consiste en separar...
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