Reclama su poder el gobernador
En medio de las exigencias de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para tener más control sobre las finanzas y los fondos que lleguen a Puerto Rico para su recuperación, el gobernador Ricardo Rosselló anunció ayer tres órdenes ejecutivas que impactan de manera directa los recaudos del fisco.
De inmediato, el primer ejecutivo rechazó el control que busca el ente a cargo de las finanzas del país y sostuvo que no tiene por qué consultarle sus decisiones a la JSF.
Rosselló anunció tres órdenes ejecutivas que, a su juicio, buscan incentivar la economía y proporcionarle mayores controles a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
Una de esas órdenes ejecutivas es para eximir a las pequeñas y medianas empresas del cobro del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) al vender y compar inventario. Esto estará vigente desde el 20 de noviembre hasta el próximo 31 de diciembre, afirmó el secretario de Hacienda, Raúl Maldonado. También se le dará un crédito de 10% a estos comercios al someter sus planillas a Hacienda.
El gobernador estimó que cerca de 60,000 comerciantes que reportan ventas de $1 millón o menos al año se beneficiarán de la orden ejecutiva.
“El impacto, bajo circunstancias normales, pues sería sustancial”, se limitó a decir cuando se le preguntó cuánto dejaría de recaudar Hacienda.
Otra orden, firmada ayer, elimina las penalidades al retirar dinero de planes de retiro (401K) y cuentas de retiro individual (IRA, por sus siglas en inglés). que permite que empleados que tengan un plan de retiro privado 401k puedan retirar hasta $10,000 libres de impuestos; y hasta $100,000 con una tasa preferencial de 10%. Esto se podrá hacer hasta el 30 de junio de 2018.
También se elimina la penalidad por retiro (hardship withdrawal penalty) de 20%.
En el caso de las IRA, se permitirá su retiro sin penalidad y sin contribuciones hasta $10,000. Esto solo estará disponible para los residentes de Puerto Rico.
También esta orden ejecutiva extiende el tiempo para usar el exceso acumulado de días por vacaciones en el gobierno. Actualmente, los funcionarios públicos deben agotar esa licencia al 31 de diciembre de cada año. Con el decreto, el funcionario puede agotar las vacaciones hasta por seis meses adicionales. Es decir, no pierden esos días en exceso al 31 de diciembre.
¿Estas órdenes ejecutivas fueron consultadas con la JSF?, preguntó El Nuevo Día.
“Esto es una potestad ejecutiva que he decidido implementar durante la emergencia (provocada por el huracán)”, afirmó...
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