Recortes amenazan autonomía
La autonomía universitaria invocada durante los pasados meses por la administración de Ricardo Rosselló Nevares resultaría violentada, precisamente, con los recortes millonarios requeridos por el Ejecutivo a la Universidad de Puerto Rico (UPR), según dos académicos entrevistados.
Las leyes 1 y 2 de 1996 arrojan luz sobre qué es la autonomía universitaria. El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en el caso UPR vs. Gobernador (1994), la ha definido como el principio que consiste en aislar en mayor o menor grado una universidad del control, reglamentación e intervención gubernamental.
Este concepto, explicó la profesora de Derecho y exsíndica de la UPR, Ana Matanzo, es concebido como una condición necesaria para que la universidad pueda cumplir con su misión, al promover que el organismo que subvenciona las operaciones de la institución, en este caso el Gobierno, no pueda intervenir en cómo, qué y a quién se enseña.
“El objetivo principal era la autonomía académica. Pero como corolario para garantizar esa autonomía, nuestra ley universitaria incorpora, más allá de la académica, la autonomía fiscal y autonomía administrativa”, señaló la académica.
Según Matanzo, esa autonomía universitaria quedó cimentada con la fijación de la fórmula de 9.6% de financiamiento de la UPR, lo que permitió proteger a la institución, “sacando de la aprobación del presupuesto los vaivenes políticos”.
Sin embargo, el alcance de la fórmula fue limitado por la Ley 7, del exgobernador Luis Fortuño, y posteriormente quedó congelada mediante la Ley 66, del exmandatario Alejandro García Padilla.
Bajo la actual administración, el panorama de la UPR resulta menos alentador con la imposición de recortes de $450 millones, al año 2021, según consignado en el plan fiscal certificado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), por su parte, ha proyectado una merma de hasta $512 millones, al año 2025, en el presupuesto del sistema universitario del Estado.
“El respeto por la autonomía universitaria tiene que estar reafirmado en el deber que tiene el gobernador de impulsar, defender la política pública que se traduce en una universidad fuerte, en una universidad que no se desmantele”, manifestó Matanzo.
“El respeto por la autonomía universitaria no puede ser subterfugio para no asumir la responsabilidad de, como gobernador se tiene, en cuanto a la política pública de lo que debe ser la educación superior pública de un país...
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