Reducidas las opciones para ayudar
Por Limarys Suárez Torres
lsuarez1@elnuevodia.com
El Departamento de Corrección y Rehabilitación carece de 400 espacios de máxima seguridad, cantidad que necesitan los federales para resolver su problema de hacinamiento, y la única opción que ofrece es alquilarles una prisión juvenil clausurada desde hace dos años, que requiere de una inversión de más de $3 millones para habilitarla.
Filtración en los techos, aires acondicionados dañados, roturas de las tuberías, duchas inservibles, sistema de seguridad inoperante, mobiliario en pésimas condiciones, cocina sin enseres, un espacio médico vacío y un área educativa destrozada son algunos de los retos que tendrían que solucionar los federales para habilitar la cárcel en Salinas, según observó El Nuevo Día durante un recorrido por la clausurada institución.
"A corto plazo podemos ser la solución. Tenemos conversaciones con (la oficina de) Alguaciles Federales y lo que se contempla es alquilarle la institución de Salinas que lleva más de un año cerrada", dijo José Negrón, secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación.
En total, 38 instituciones componen el sistema carcelario estatal, con capacidad para albergar 14,582 prisioneros. Actualmente la población penal del país es de 12,546 presos.
"Necesito el dinero, y un contrato con los federales sería beneficioso para Corrección. No puedo solucionarles a ellos el problema por completo porque para hacerlo tendría que identificar una institución de 400 celdas de máxima seguridad y eso no lo tengo. Hacer eso me impactaría adversamente el sistema carcelario", abundó Negrón.
El secretario de Corrección vaticinó que para el 2016 el sistema carcelario estatal podría estar en riesgo de sufrir hacinamiento en sus prisiones debido a los cambios en el Código Penal, que establecen condenas más severas.
El año pasado el Gobierno de Puerto Rico llegó a un acuerdo final en el pleito de clase Morales Feliciano, radicado en el 1979 en el Tribunal Federal, por violación de derechos constitucionales de los confinados, que vivían bajo hacinamiento y sin los adecuados servicios de salud, alimentos y visitas.
El caso se extendió por tres décadas y le costó al gobierno más de $250 millones en multas por incumplimiento con los estándares federales.
El Nuevo Día visitó varias instalaciones carcelarias, entre ellas el Centro de Ingresos Metropolitano 705 y la Institución Bayamón 501 y observó que la población penal está por debajo de su capacidad.
Según el...
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